Moreno y Puig urgen a “taponar la hemorragia” de la financiación autonómica

La “alianza” entre Andalucía y la Comunitat Valenciana ha celebrado este martes su primer encuentro en Sevilla. Hasta la capital andaluza viajó el president valenciano, Ximo Puig, para presentar junto a Juanma Moreno su posición común para la reforma de la financiación autonómica. Las dos comunidades son de las más perjudicadas por el actual modelo, aprobado en 2009 y que debió reformarse en 2014. Según la liquidación de 2019 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, publicado por Fedea, el dinero recibido por Andalucía fue de cuatro puntos por debajo de la media española. La Comunitat Valenciana, por su parte, es la que menos percibió porcentualmente -junto a Murcia- al situarse en el suelo del 94,4%. Esta diferencia respecto a la mayoría de las comunidades autónomas constituye la principal reclamación de las dos regiones, que han materializado sus demandas en un frente conjunto político, salvando las diferencias ideológicas existentes a priori. El techo de las más beneficiadas lo marca Cantabria, cuyos ingresos se situaron 24 puntos por encima de la media, una diferencia de 29,6 respecto a Murcia y Valencia.

Los presidentes se reunieron durante dos horas en lo que han denominado “I Encuentro Andalucía-Comunitat Valenciana”, antes de comparecer ante la prensa. El hecho de que pertenezcan a distintos partidos, PP y PSOE, despierta una lógica extrañeza. Cuando ya eran públicos los primeros contactos entre ambos, Puig acudió el 4 de septiembre al acto de apertura del curso político del PSOE en Andalucía, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas. En esta segunda visita ha duplicado sus compromisos: por la mañana el institucional y por la tarde el orgánico, citándose con Espadas a las 17.00 horas. Sin embargo, el daño está hecho para los intereses del PSOE-A, que ve cómo uno de los principales dirigentes socialistas se alía con Moreno, elevándolo políticamente mientras el recién elegido secretario general del PSOE-A trata de ofrecer una imagen de colaboración a la Junta de cara a los Presupuestos de 2022.

Moreno y Puig han traslado una declaración institucional conjunta compuesta por once puntos exponiendo el “problema de insuficiencia global” que provoca la actual financiación autonómica, porque “no se han podido mantener las coberturas de los niveles reales de prestación de los servicios”. En este sentido, cifran ese déficit en 16.400 millones de euros para todas las comunidades, incluidas en el régimen común. En su escrito critican que el sistema de financiación autonómica es “discriminatorio, complejo y poco transparente”, tanto en ese régimen como en el de las comunidades forales, aún más desigual al superar “en 30 puntos porcentuales el gasto medio”. Denuncian, además, que la capacidad de las comunidades “para decidir sobre el nivel de sus ingresos se encuentra limitada” en cuanto a los grandes impuestos de los que participan. Según los cálculos de ambos gobiernos, esa “falta de capacidad normativa en imposición indirecta” ha supuesto una merma de los ingresos de 72.400 millones de euros entre 2010 y 2018 (11.400 de ellos en el último ejercicio). La declaración incide el maltrato histórico a Andalucía y la Comunitat Valenciana, con “un gasto público por habitante inferior a la media” en los servicios públicos fundamentales. En este sentido, responsabilizan a la “insuficiencia financiera” de que el endeudamiento de las comunidades haya tenido un incremento de 190.000 millones de euros entre 2007 y 2015, más acusada en estas dos regiones. Para compensarlo de manera estructural apuntan a mejorar la “capacidad tributaria” autonómica, con especial atención en el ámbito medioambiental, aunque los dos presidentes se han apresurado a negar que vayan a crear nuevos impuestos en este sentido: “La subida de impuestos en ningún momento se me pasa por la cabeza en materia medioambiental”, ha mantenido Moreno, en la misma línea que Puig, aunque el punto 4 de la declaración hecha pública apunta en esa dirección.

El trabajo desarrollado por ambos equipos ha cristalizado en la propuesta de crear un Fondo Transitorio de Compensación “con carácter urgente” para completar el dinero de menos que reciben, mientras se resuelve el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación. Según la “estimación inicial” trasladada por Moreno, deberían destinarse “al menos 1.700 millones para taponar la hemorragia” financiera que “sufren” ambas comunidades y Murcia, una cifra que se podría ir ampliando para cubrir a otras regiones infrafinanciadas, según ha puntualizado. “No se resta a los españoles que viven en otros territorios, sino que se suma a los que recibimos por debajo de la media”, ha remarcado al ser cuestionado sobre de dónde saldrá ese dinero extra. “No estamos bien financiadas. En su conjunto las comunidades no están bien financiadas -ha lamentado-. Algunas estamos peor tratadas y eso significa que en términos de progreso y competitividad estamos en desventaja”. Ha aportado un dato: cada andaluz recibe 110 euros menos de media que el resto de los españoles. Por su parte, Puig ha señalado que ese fondo “debe ser transitorio” y debe buscarse “una solución estructural”. Respecto a la inusual confluencia de dos presidentes autonómicos de distinto signo político, PP y PSOE, el president valenciano ha señalado que “hemos intentado forjar una alianza de cooperación en aquello que nos une, que nos urge, y sobre todo pensando en el bien general”. “Hoy no establecemos ningún frente, establecemos una alianza, no un frente”, ha insistido, señalando que “el problema de la financiación es el problema del Estado del Bienestar”. Por ello, ha reclamado, “suficiencia financiera” para poderlo llevar a cabo “con la dignidad que se merece”. “Pretendemos que haya suficiencia financiera y al mismo tiempo equidad”, así como “igualdad entre personas y singularidad entre territorios”.

Durante una larga comparecencia, han intentado dar respuesta a las muchas incógnitas surgidas. La primera: ¿de dónde saldrá el dinero extraordinario para ese fondo anual? Los dos presidentes han negado que pretendan que se detraiga a otras comunidades. “El Estado tendrá que hacer un esfuerzo”, ha señalado Moreno, que ha solicitado que se articule ese mecanismo “de manera urgente”. Para Puig, la alternativa es única: “El dinero sale siempre del mismo sitio: de los ciudadanos y ciudadanas, de los impuestos. Lo que hay que hacer redistribuirlos adecuadamente”. Ante el fantasma de una probable subida de impuestos por parte de las comunidades, el president valenciano ha rechazado que “se cargue sobre la conciencia del estado autonómico el aumento” de los tributos. Desde Andalucía, se ha lamentado que “de las cuatro patas sociales importantes, tres las gestionan las comunidades”, educación, sanidad y dependencia, excepto las pensiones. Moreno ha alertado de que si no se articulan modificaciones, llegará un momento en que el sistema público “no será sostenible. Mantener unos servicios cada vez más exigentes necesita de una financiación suficiente”, ha concluido.

Los dos políticos han mostrado una buena sintonía, coincidiendo en prácticamente todos sus mensajes y destacando que entre las dos comunidades suman un 30% de la población española, como muestra del peso que deben tener en la negociación territorial. Puig ha recordado que el modelo de financiación está caducado desde 2014 y que el Gobierno ha mostrado su disposición a presentar un primer borrador en noviembre. “Esta cuestión no se debe abordar desde el frentismo en absoluto, se debe encarar desde la racionalidad” y ha invitado a dejar a un lado reclamaciones identitarias. Cuestionados sobre la posición de sus respectivos partidos respecto a esa negociación que debe abrirse, Moreno ha asegurado que “hay voluntad por parte del Grupo parlamentario Popular” para que se produzca esa reforma. “El conjunto de las comunidades autónomas está por debajo de lo que deberían recibir” para mantener la calidad de los servicios públicos transferidos. Sobre el acuerdo, ha manifestado que le gustaría que se alcanzara “lo más rápido posible” y ha adelantado que la próxima semana se reunirá con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López-Miras, quien también mantiene a su vez encuentros con Valencia, como tercera comunidad más afectada. “Desde luego nunca se va a llegar a un acuerdo si nunca se inicia. No podemos estar cruzados de brazos”, ha lamentado, a la vez que ha pedido “responsabilidad fiscal” al resto de comunidades. Por su parte, Puig ha deslizado que “cada uno tiene su responsabilidad, no estamos aquí para dar lecciones a nadie”. Según ha dicho, “es fundamental que con toda normalidad dos comunidades que tienen tanto en común trabajen juntas”.

Primer borrador en noviembre

El Gobierno de España apuntó que en noviembre se enviaría una primera propuesta a las comunidades para abordar un nuevo modelo que sustituya al aprobado en 2009, cuya vigencia expiró en el año 2014. Han transcurrido desde entonces siete años y la negociación sigue estancada. El Gobierno creó incluso una comisión de expertos, con integrantes de todas las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas, como cumplimiento del acuerdo alcanzado en la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada el 17 de enero de 2017. Esa comisión analizó las fortalezas y debilidades del actual sistema de financiación, apuntando propuestas necesarias para equilibrar las desigualdades actuales, haciendo “borrón y cuenta nueva” respecto al de 2009. Entre esas recomendaciones, abogó por modificar la base de cálculo para el Fondo de Compensación Interterritorial, ligándolo directamente al Producto Interior Bruto (PIB) o a los ingresos no financieros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para proporcionar mayor estabilidad y transparencia. También sugirió ampliar “significativamente” la dotación del Fondo de Compensación, redefiniendo sus criterios de reparto, “que deberían gravitar sobre la población y la inversa de la renta per cápita”, pudiendo modularse con variables territoriales y otros factores relevantes que condicionan el desarrollo económico y social.