Tercer juicio de los ERE: un alcalde y un ex del PSOE se enfrentan a seis y siete años de prisión

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla tiene fijadas para este martes y el miércoles las dos primeras sesiones del juicio correspondiente a las ayudas autonómicas a empresas vinculadas al sector del corcho, como Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, con cargo a la partida presupuestaria 31L de la Junta de Andalucía, con la que eran sufragados los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos e incluso innecesarios y subvenciones arbitrarias y sin publicidad.

Con relación a esta pieza separada de la macrocausa de los ERE, en enero de 2020, el juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, emitía un auto de apertura de juicio oral por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía y el PP andaluz hubiesen presentado sus respectivos escritos de acusación, según dicho auto de apertura de juicio oral recogido por Europa Press.

Los encausados en esta pieza separada de los ERE son Ángel Rodríguez de la Borbolla, -hermano del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE-, vinculado a dicho grupo de empresas en ocasiones como socio mayoritario y en otras como administrador único o apoderado; el coadministrador de las empresas R.B.M.; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como F.P.M.O.; Sotero Manuel Martín Barrero, actual alcalde socialista de Cazalla de la Sierra, como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas; y un responsable de una entidad bancaria identificado como G.C.E.

OBTENCIÓN “FRAUDULENTA” DE LOS FONDOS

Este último, según el juez instructor, “facilitó mediante su firma” la obtención “fraudulenta” del pago de una ayuda a la empresa Servicios y Mantenimiento de Cazalla. En conjunto, el caso abarca las ayudas concedidas entre 2001 y 2007 por importe de 8,4 millones euros a este grupo de empresas, “prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria”, según el juez instructor.

El Ministerio Público, en su escrito de acusación, considera que los investigados son responsables de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, por lo que solicita para Rodríguez de la Borbolla la pena de siete años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta; seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para R.B.M., F.P.M.O. y Sotero Martín, y cuatro años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta para G.C.E., así como el pago de distintas indemnizaciones a favor de la Junta de Andalucía.

La primera sesión del juicio ha estado centrada en las cuestiones previas presentadas por las partes, que son la Fiscalía, la Junta de Andalucía, el PP andaluz como acusación popular y las defensas de los acusados. La defensa de Ángel Rodríguez de la Borbolla ha avisado de una posible “vulneración de derechos fundamentales” y del principio de seguridad jurídica, rememorando que en el auto de procedimiento abreviado dictado en 2019 por el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, con relación a esta pieza separada de la macro causa de los ERE, el magistrado determinó la imposibilidad de “depurar esponsabilidad penal ni continuar el procedimiento” contra los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, al figurar los mismos ya como encausados en la pieza del “procedimiento específico” mediante el cual eran canalizadas las ayudas indagadas.

Tercer juicio separado

Se trata del tercer juicio de la macrocausa de los ERE, después de que la Sección Primera de la Audiencia condenase a 19 de los 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, juzgados por el procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiadas los ERE presuntamente fraudulentos y las ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas; y que la Sección Tercera condenase al exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández y al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez por las subvenciones a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco).

A tal efecto, recordemos que la sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) tiene previsto celebrar los días 4 y 5 de mayo, la vista destinada a revisar los recursos de casación interpuestos contra la mencionada sentencia de la Sección Primera de la Audiencia sobre el “procedimiento específico” de financiación de los ERE.