Sequía
La Junta ofrece ampliar el trasvase al entorno de Doñana si el Gobierno hace las obras
Crespo lamenta que el Ejecutivo central “no tiene ninguna en cartera” y son necesarias para el equilibrio hídrico
La Junta de Andalucía está dispuesta a ampliar el trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos de los ríos Tinto, Odiel y Piedras para el entorno de Doñana si el Gobierno central ejecuta las obras de interés del Estado aprobadas, que consideran imprescindibles para el equilibrio hídrico de la zona.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo (PP), ha avanzado en comisión parlamentaria este ofrecimiento, que partiría de la cuenca excedente del Tinto, Odiel y Piedras, de competencia autonómica, a la del Guadalquivir, que es competencia de la Administración central.
Esta posibilidad está ligada a que el Estado ejecute las obras previstas, ya que ha lamentado que el Gobierno central “no tiene ninguna en cartera” y son necesarias para el equilibrio hídrico.
Ha defendido que la Junta ya ha llevado a cabo sus obras, que se han finalizado o están en proceso, por valor de 50 millones, por lo que el trasvase en superficie depende del Gobierno de la nación.
La consejera ha recordado que para el equilibrio hídrico en el entorno de Doñana hay dos tipos de aguas, las subterráneas, que son competencia principalmente del Estado, y las superficiales, que llegarían a través de ese trasvase de la cuenca gestionada por la Junta, pero que también está pendiente del Estado por esas obras.
“El equilibrio hídrico de Doñana depende del Gobierno de España”, ha sentenciado Crespo.
El diputado socialista Mario Jiménez ha recordado a Crespo que la protección de Doñana es su competencia y ha acusado a la Junta de estar “engañando” y “jugando con gente de buena fe que quiere que se arregle su situación”, en referencia a los agricultores.
Ha considerado que el Gobierno andaluz “ha entrado como un elefante en una cacharrería en un tema tan complejo” y cree que se están “intentando emboscar” detrás de los grupos parlamentarios “para no decir claramente qué plan tienen”.
Ha emplazado a la consejera a aclarar cuántas hectáreas se podrían regularizar en la Corona Norte con la ley que se está tramitando y ha reclamado una mesa en la que se sienten conjuntamente agricultores y administraciones implicadas, con el espacio de Doñana, para buscar una solución.
La consejera le ha respondido que el único que está escondido es el PSOE “detrás de su abstención” a esa propuesta y les ha acusado de alertar de la situación de Doñana “sin motivo”, de “poner en entredicho” a los agricultores de Huelva y de no defender a la provincia, a pesar de que en su día aprobaron el trasvase.
Ha citado una frase de Jiménez cuando gobernaba el PSOE en la Junta, en la que dijo que “sin trasvase el Condado está muerto”.
El diputado de Cs Julio Díaz ha lamentado “el desahogo” del PSOE y de Unidas Podemos “con algo tan sensible como es Doñana” y ha dicho que el problema es que el Gobierno central no desarrolla las infraestructuras necesarias y no cumple con la ley que se aprobó y que en 2018 apoyaron “desde la responsabilidad” PP y Cs.
“El PSOE está jugando a ser Dios, o el agua la traen ellos o no la trae nadie”, ha señalado.
Por parte de Unidas Podemos, el diputado Ismael Sánchez ha dicho que en Doñana “se está cometiendo un crimen sin precedentes” y ha denunciado la “irresponsabilidad” del Gobierno andaluz haciendo “oídos sordos” a todas las advertencias, también europeas.
Sánchez ha alertado de que “van a poner en riesgo el mayor humedal de España” en un contexto de “sequía pertinaz” y “van a comprometer a todos los andaluces a sanciones multimillonarias que ya les ha dicho la Comisión Europea”.
El diputado de Vox Rafael Segovia ha criticado la “campaña de criminalización” de los agricultores de Huelva por parte de PSOE y UP y también ha recordado que las actuaciones son competencia del Gobierno.
Además, ha hecho una petición a la Junta: que “se implique” aumentando la superficie regable y que defienda “con contundencia dentro y fuera de España” la proposición de ley de PP, Cs y Vox.
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