La promotora de El Algarrobico intenta reactivar la petición de daños y perjuicios ante el TSJA

El Algarrobico, gigante de hormigón construido en Carboneras, en suelo no urbanizable y de especial protección de la costa almeriense, sigue en pie tras más de 15 años de sentencias condenatorias. Su promotora, Azata del Sol, exige 70 millones de euros a las administraciones por daños y perjuicios, ya que entiende que contaba con todos los permisos para hacer realidad un proyecto que aún hoy es símbolo de los excesos del ladrillo en la costa andaluza. Después de que el pasado febrero la Audiencia Nacional concluyera que no queda acreditado que los deterioros económicos alegados sean imputables al Ministerio de Transición Ecológica, después de que el Tribunal Supremo no admitiera a trámite el posterior recurso de la mercantil, la constructora quiere reactivar otras vías que le lleven a cobrar indemnizaciones millonarias. De hecho, aunque hasta ahora las distintas providencias han denegado compensaciones, indicando que no hay “fundamentación suficiente” que acredite “un interés casacional objetivo y el pronunciamiento de la sala”, Azata del Sol ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que reactive dos causas más que estaban paralizadas desde 2016, precisamente, a la espera que se resolvieran los citados procedimientos: una contra el ayuntamiento de Carboneras y otra contra la Junta de Andalucía.

En las causas ya falladas en firme por la Audiencia Nacional, se argumentaba la fijación de la servidumbre del dominio público marítimo-terrestre de la franja litoral donde se levanta el inmueble en 100 metros, lo que fue avalado posteriormente en firme por el Supremo. En los dos pleitos que quiere reactivar ahora la promotora en el alto tribunal, señalan que la Junta aprobó la revisión de la normativa urbanística municipal “otorgando las correspondientes licencias y autorizaciones para la apertura del hotel, hasta el punto de que retiró las competencias al ayuntamiento en 1997 para aprobar el proyecto de urbanización de El Algarrobico.” Contra el ayuntamiento carbonero, Azata del Sol esgrime que “otorgó licencia de obras para el complejo en enero de 2003, así como calificación ambiental favorable y licencia de actividad el 3 de marzo de 2003″.

Hasta el momento, la justicia ha puesto de manifiesto que la promotora continuó con el proyecto pese a que se había iniciado un procedimiento de revisión de la licencia concedida por el consistorio de Carboneras. La Audiencia Nacional ha dicho que esta constructora tenía el deber jurídico de soportar la anchura de servidumbre de protección establecida en 100 metros de acuerdo a la Ley de Costas, máxime con la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del parque natural Cabo de Gata-Níjar “que desde 1994 califica los terrenos como zona de protección”. Pero Azata del Sol insiste contra el ayuntamiento carbonero, que “otorgó licencia de obras para el complejo en enero de 2003, así como calificación ambiental favorable y licencia de actividad el 3 de marzo de 2003″.

Nuevos episodios jurídicos para el hotel de veinte plantas que había alcanzado el 94% de su construcción en 2005, cuando una orden judicial paralizó las obras. Desde entonces, demandas cruzadas entre ecologistas, administraciones y promotora han creado un laberinto judicial en el que unos procedimientos han bloqueado a otros al compartir los mismos supuestos y coincidencia de las partes. La promotora de El Algarrobico demandó a ayuntamiento, Junta y Ministerio el pago conjunto y solidario de una indemnización de más de 70 millones de euros. La cifra incluía un cinco por ciento por daño moral según la tasación realizada por la sociedad Tinsa de acuerdo no solo al valor del suelo y de la edificación, sino también teniendo en cuenta el daño moral y material y el descrédito empresarial a la mercantil.

Mientras, el impacto medioambiental permanece y no se atisba tampoco la demandada demolición por parte de los colectivos ecologistas. El Gobierno y la Junta comenzaron a negociar el derribo del edificio y cómo se pagaría la factura, que podría ascender a 7,1 millones, pero después el TSJA consideraba que no se podía ejecutar la demolición al seguir viva la licencia de obras otorgada por el ayuntamiento carbonero. Por si fuera poco, en su día la constructora rechazó recibir 2,3 millones por los terrenos en un retracto de la administración andaluza avalado por la justicia. Esto complica aún más un proceso que seguirá dejando sesiones y pleitos vinculados en el futuro. Las costas procesales que ya ha pagado Azata del Sol, tras fallos contrarios a sus intereses y recursos no admitidos, no parecen mermar el ánimo de esta empresa en demostrar que contaron con las correspondientes licencias y autorizaciones para la apertura del hotel.