La jueza Alaya presidirá el juicio sobre el uso de tarjetas de la Faffe para pagar en prostíbulos

La jueza Mercedes Alaya, que investigó durante años la macrocausa de los ERE de la Junta, presidirá el juicio con jurado popular que juzgará a dos ex altos cargos de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) por presuntamente abonar distintos pagos en prostíbulos de media Andalucía con tarjetas de la propia Fundación. Así lo ha acordado la Oficina del Jurado de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Según ha adelantado Abc, la resolución está firmada por el presidente de la Audiencia, Ángel Márquez, después de que el asunto fuese turnado a la Sección Séptima, en la que actualmente trabaja la magistrada.

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, acordó el pasado 20 de abril mandar a juicio a las dos personas investigadas por la presunta utilización de varias tarjetas bancarias de la Faffe para el pago de los servicios en distintos locales de alterne de la región andaluza. Los acusados son el ex director técnico de la Faffe Fernando Villén y la que fue directora económica financiera de la fundación entre 2004 y 2011, Ana Valls.

En un auto fechado ese día, el magistrado abría juicio oral contra ambos investigados por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, tal y como sostienen la Fiscalía y las acusaciones ejercidas por la Junta de Andalucía y el PP-A en sus respectivos escritos de calificación. Según informó la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), será un jurado popular el que enjuicie el caso.

Según el magistrado, de la investigación se desprende que procede ir a juicio porque Villén, “prevaliéndose de su cargo”, llevó a cabo “de manera continuada una disposición ilícita de los fondos” de la Faffe “desviándolos de su propia finalidad, que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados”. En cambio, los utilizó “para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida Fundación”.

El juez señala que Villén gastó “un total de 32.566 euros en locales de prostitución”, todo “con cargo a los fondos de la Faffe”. Y después, “con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos realizada” y “en connivencia” con la directora económica financiera, ideó junto a ella “un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el acusado”, de forma que “en los Libros Diarios de la Faffe constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad”.

El magistrado expone que para conseguir este fin, “esto es, simular el reintegro a las arcas de la Faffe de las cantidades ilícitamente dispuestas por su director”, tanto él como Valls utilizaron la caja de la Dirección Económica Financiera “simulando supuestas -en realidad inexistentes- reposiciones en metálico (evitando así la utilización de transferencias bancarias o método similar) de aquellas disposiciones ilícitas; haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la Caja Central, para su posterior inclusión como tales en la contabilidad”.

“De este modo, a los pocos días de registrarse el uso de las tarjetas en este tipo de locales, se localizan en los correspondientes Libros Diarios de la Faffe diferentes anotaciones en las que consta una devolución contable de los cargos realizados en la Caja de la Dirección General de la Faffe por el importe exacto dispuesto, reflejando para este tipo de apuntes los conceptos ‘INGRESO F.V.’ y ‘DEVOLUCIÓN VISA F.V.’”, relata el juez en el auto.

El juez analiza cada una de las operativas realizadas, así como la correspondiente justificación y anotación contable. Así, concreta que la acusada “habría podido realizar u omitir actos tendentes bien a cooperar, bien a encubrir la disposición ilícita de fondos públicos que habría efectuado” el otro investigado. Por tanto, según la investigación, Valls pudo “haber participado en la elaboración, utilización o manipulación de documentación mercantil o contable con la finalidad de simular la devolución de los fondos ilícitamente empleados, así como permitir la utilización del propio dinero de la Faffe” para que el acusado “llevase a cabo el -en tal caso, supuesto- reintegro de aquellos fondos”.

Además, la acusada, gracias a su cargo, “habría ostentado la máxima responsabilidad en la gestión, reposición, funcionamiento y control de los fondos y las cajas de la Fundación, en particular de la Caja Central de la propia Dirección General, a través de la cual se habría articulado fundamentalmente la mecánica delictiva denunciada”.

El juez decreta la apertura de juicio oral contra los dos investigados por un presunto delito continuado de malversación en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que sea atribuida a ambos en las conclusiones finales.

La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación, solicita seis años de cárcel y otros seis de inhabilitación especial para Villén, así como cuatro años de prisión para Valls. También reclama que ambos, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a la Junta de Andalucía con 32.566 euros.