Andalucía ha duplicado las sanciones contra los VTC desde 2018

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha asegurado este viernes que ha duplicado el número de sanciones contra VTC desde 2018 a este 2022, destacando en este sentido que, “como se había comprometido con el sector, incrementó la labor de vigilancia y control para el cumplimiento de la normativa”.

Según ha destacado la Consejería en un comunicado, en 2018, cuando gobernaba la Junta el PSOE-A, se aprobaron 329 sanciones a VTC, “mientras que de enero a julio de 2022 ya se han realizado 380″. De acuerdo con estos datos, en 2019 fueron 536 sanciones a VTC; en 2020 fueron 350, “por el efecto de la pandemia”, ha explicado, y en 2021, 552 multas. “Así, el incremento de la labor de vigilancia ha crecido de forma muy significativa con el nuevo Gobierno andaluz”, ha subrayado.

Fomento apunta además que todo ello “es fruto del acuerdo sellado con el sector del taxi para la modernización del sector, plasmado en el reglamento que incluye medidas históricamente reivindicadas como la contratación por plaza y el pago individual, el precio cerrado, la recogida de viajeros en municipios diferentes y el aumento de inspecciones, entre otras”. En este sentido, recalca que el reglamento del taxi “se aprobó tras una intensa negociación con el sector, que hasta la llegada del Gobierno de Juanma Moreno nunca había sido escuchado por los gobiernos socialistas”.

Teniendo en cuenta estos datos, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha manifestado que estos datos de inspección “avalan que el Gobierno de la Junta está haciendo cumplir la normativa y cumpliendo con lo acordado con el sector, con el que seguimos negociando para llegar a máximo consenso posible en beneficio siempre del ciudadano”.

La consejera ha subrayado que el Gobierno de España “ha dejado en manos de las comunidades la regulación al suprimir el servicio urbano de VTC a partir del 1 de octubre, lo que ha obligado a la Junta a aprobar en breve un decreto ley para que convivan ambos servicios en beneficio de los usuarios”.