Cultura ultima la orden que repartirá 3,8 millones para pymes

La gestión de los fondos europeos es clave en esta legislatura. Pese a las quejas de las comunidades autónomas por la falta de decisión en el diseño de los mismos, la realidad es que todas tendrán que adaptarse al marco aprobado por el Gobierno de España y serán las responsables de que el dinero llegue a los distintos sectores productivos.

La Consejería de Turismo, Deporte y Cultura ultima la Orden para conceder las ayudas designadas a Andalucía dentro del Componente 24 «Revalorización de la Industria Cultural» para la «aceleración de las industrias culturales para reforzar el papel del sector como motor de recuperación y resilencia de la economía española, así como llevar a cabo procesos de aceleración multidisciplinar que permita crecer y desarrollar el potencial de dichas industrias».

Tal y como se incluye en el texto, con cargo a este proyecto Andalucía recibirá 3,8 millones de euros, de los cuales 2,26 se recibirán en el ejercicio 2022 y 1,5 en 2023.

Estas ayudas tendrán por objeto la realización de proyectos de Aceleración de las Industrias Culturales y/o Creativas de Andalucía «para reforzar el papel del sector de las industrias culturales como motor de la economía española, digital y sostenible, y como elemento de cohesión social y territorial, así como los procesos de aceleración multidisciplinar que permita crecer y desarrollar el potencial de las empresas, sirviendo de polo de atracción económico y generación de empleo».

Serán subvencionables los proyectos y actividades de investigación, formación, producción, inversión que estén vinculados a procesos de aceleración cultural en el ámbito de las industrias culturales y creativas, así como aquellos que contemplen también las posibles sinergias del sector de estas industrias con otros ámbitos y sectores económicos y sociales. En concreto, proyectos y actividades de acompañamiento a las Industrias Culturales y/o Creativas (formación, mediación, incubación o mentoría en materia de comunicación, internacionalización o financiación) así como proyectos de apoyo a la inversión a las mismas (digitalización, nuevas tecnologías, conectividad, medidas de desarrollo sostenible e impacto medio ambiental y otras inversiones que supongan un impulso a su aceleración).

Entre los requisitos que deben cumplir los solicitantes se incluyen que el proyecto de aceleración esté realizado por una empresa especializada con sede permanente en Andalucía, con experiencia al menos en 5 proyectos contrastados de incubación o aceleración, con una trayectoria profesional de al menos 3 años a la fecha de la convocatoria de las ayudas y con una cifra de negocio superior a los 100.000 euros en los últimos 2 ejercicios económicos.

La Agencia de Instituciones Culturales será la encargada de la tramitación de las subvenciones para el apoyo a proyectos de aceleración cultural y/o creativa de Andalucía, una de las líneas de ayudas que forman parte del papel del sector como motor de recuperación y resilencia de la economía española y que se financia con fondos europeos.

Esta Agencia es uno de los entes instrumentales que fue objeto de una auditoría en la anterior legislatura dentro del proceso de análisis del sector público instrumental de la Administración andaluza. Dicha auditoría detectó «cierta ralentización en el trámite de concesión de subvenciones durante el proceso auditado, debido a que la misma no contaba entonces con un departamento de subvenciones bien dimensionado (además solo disponía de 2 funcionarios adscritos para estas funciones), ni disponía de manuales de procedimiento para mejorar el control y la gestión de las mismas».

Esta situación se ha revertido, según señala la misma auditoría consultada por este periódico, gracias a la «reorganización que se realizó a finales de 2019 del departamento de subvenciones la cual ha implicado una agilización importante de la tramitación tanto de las subvenciones pendientes como de las nuevas convocatorias». En la anterior legislatura, esta Agencia dependía de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y ahora está adscrita a la Consejería de Turismo, Deporte y Cultura.

Aún así, la auditoría recomendaba a Cultura «la adscripción de los funcionarios necesarios para el cumplimiento de sus fines, ya que ésta realiza importantes funciones que implican el ejercicio de potestades públicas». Según el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2023, esta Agencia cuenta con 443 trabajadores.