Alerta judicial: los tribunales andaluces están "al borde del colapso"

Andalucía vuelve a estar a la cabeza de la litigiosidad en España, tan solo después de Canarias, y es que en 2023 los órganos judiciales andaluces ingresaron un seis por ciento más de asuntos que el año anterior, hasta llegar a los 1.372.072, aumentando en todos los órganos jurisdiccionales. En este periodo, los tribunales andaluces resolvieron además menos asuntos de los ingresados, por lo que ha aumentado un 16 por ciento el volumen de asuntos pendientes.

Así lo ha expuesto este viernes el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, durante la presentación de la memoria anual de 2023 en la Real Chancillería de Granada, sede del alto tribunal andaluz, donde ha recalcado que la justicia se encuentra en "cifras récord" y "al borde del colapso", apelando "a la responsabilidad política" para ofrecer soluciones a la actual situación. A juicio del presidente del TSJA, "se está normalizando una situación precaria y deficitaria, sin que los tribunales puedan dar respuesta en plazos razonables y sin avances organizativos, procesos o tecnológicos", por lo que ha reclamado mejoras en los diferentes ámbitos.

Entre otras cuestiones, ha considerado "imprescindible" la creación de nuevas plazas judiciales: 15 plazas en órganos colegiados y 104 en órganos unipersonales. En términos generales, Lorenzo del Río hace una valoración "negativa" de la situación actual a tenor de los datos estadísticos de 2023 y el volumen de asuntos pendientes. "El que la Justicia sea percibida como lenta y poco eficiente sólo responde a la realidad y si no ha colapsado todavía" --ha advertido-- se debe, en gran parte, al sentido de la responsabilidad que mantienen quienes trabajan día a día a los juzgados, pese a las deficiencias estructurales, organizativas y de recursos", ha expuesto.

Durante 2023 subieron los asuntos ingresados en todas las jurisdicciones. La jurisdicción civil ingresa un ocho por ciento más, siguiendo la tendencia al alza desde el incremento de 2017. La jurisdicción social ingresa un seis por ciento más de asuntos, mientras que en la jurisdicción penal los asuntos ingresados también se incrementan, aunque en menor medida, un 4 por ciento. La jurisdicción contenciosa sube un 18 por ciento, singularmente en la primera instancia unipersonal, y rompe la tendencia de descenso de los dos últimos años. Los procedimientos penales suponen cuantitativamente la mayor carga de trabajo judicial, en concreto el 54 por ciento del total, el porcentaje relativo a la jurisdicción civil supone un 37 por ciento del total, la jurisdicción social representa un 6 por ciento del total y, en fin, la jurisdicción contencioso-administrativa supone un 3 por ciento del total de asuntos ingresados.

La Memoria del TSJA explica que, tras superar las grandes disfunciones derivadas de la pandemia, la huelga de Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios ha repercutido de nuevo en que haya un "mayor atasco y cifra de asuntos pendientes", dada la importante suspensión de juicios y otro tipo de actuaciones procesales.