La Audiencia Nacional ha resuelto indemnizar a un hombre que pasó 224 días en prisión preventiva acusado de varios delitos de violencia de género por los que después resultó absuelto en el juicio que se celebró en el Juzgado de lo Penal número 3 de Almería, que acordó en el mismo acto su inmediata libertad con una sentencia absolutoria.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo estima parcialmente el recurso elevado por la defensa del perjudicado, el letrado Francisco Ferre, y reconoce el daño moral y las consecuencias personales y familiares que el hombre padeció a consecuencia de su ingreso en prisión preventiva ordenada en junio de 2021 por un juzgado de Berja.

En su resolución, consultada por Europa Press, la Sala fija en 15.000 euros la cuantía total a percibir por los casi siete meses y medio que pasó en prisión, de los que 4.800 se corresponden con el "daño moral" derivado de la privación de libertad.

En este sentido, la defensa del perjudicado señaló como una situación "injusta y evitable" la estancia en prisión hasta el día del juicio, ya que llegó a solicitar la libertad en varias ocasiones antes del mismo. Todo ello derivó en una situación "irreparable" de "angustia" y "desazón" por parte del afectado por la que pedía una compensación mayor, de hasta 33.600 euros.

Asimismo, fija el tribunal presidido por la magistrada Ana María Sangüesa en 10.200 euros más intereses legales la cuantía a percibir en concepto de lucro cesante, esto es, por los ingresos que como agricultor autónomo dejó de percibir por no poder trabajar durante su estancia en el centro penitenciario.

El tribunal calculó dicha cifra a partir de la declaración de la renta de 2021 del perjudicado y en función de las circunstancias y el tiempo de duración de la medida cautelar, lo que se sitúa muy por debajo de los 55.600 euros que el demandante reclamaba en su cálculo de pérdidas al no haber podido afrontar la campaña de melón y sandía.

La Sala rechaza el resto de indemnizaciones solicitadas por el perjudicado, quien solicitaba casi 97.000 euros en total, al apuntar que algunos conceptos como los gastos en defensa jurídica no son indemnizables en este tipo de reclamaciones acorde a la ley, mientras que otros conceptos, como los gastos familiares de desplazamiento que han tenido que soportar sus familiares para visitarlo en prisión, se basan en cálculos estimativos no contrastables.