La Cámara de Cuentas audita la financiación recibida por Andalucía en la época de Montero

La Cámara de Cuentas de Andalucía realizará una «Fiscalización sobre los resultados para Andalucía del sistema de financiación de las CCAA de régimen común» al objeto de estudiar «los resultados obtenidos en Andalucía en la aplicación del sistema de financiación autonómico aprobado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre». Lo hará centrándose fundamentalmente en el periodo de tiempo comprendido entre los años 2009 y 2023, es decir, en el periodo en el que María Jesús Montero ha sido ministra de Hacienda y, por tanto, la máxima responsable de la ejecución del modelo.

Según el documento de directrices técnicas aprobado por la Cámara de Cuentas consultado por este periódico, el calendario para esta fiscalización debe concluir el 20 de noviembre de este año. Esa es la fecha fijada para la entrega de un borrador del informe a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía. Por tanto, el texto estará antes de las elecciones autonómicas andaluzas, previstas, salvo adelanto, para junio de 2026. El órgano fiscalizador andaluz ofrecerá una imagen fija del perjuicio que ha causado la aplicación del modelo de financiación autonómica a Andalucía con Montero como máxima responsable de Hacienda.

El modelo de financiación autonómica está regulado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Después de 16 años de aplicación, hay suficientes estudios que certifican que este sistema, acordado en su día entre el PSOE y ERC, es especialmente perjudicial para cuatro comunidades autónomas: Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha. En concreto, en uno de sus últimos informes, Fedea certificó que Andalucía es la comunidad con mayor déficit de financiación en términos absolutos, tras recibir 1.522,74 millones de euros menos de lo que recibieron de media las comunidades con datos de 2022 . Eso supone que la administración andaluza recibió 3.182 euros por cada uno de sus ciudadanos, 183 euros menos por habitante ajustado que la media y 214 euros menos que Cataluña en dicho año.

Otro informe del Ivie señala que desde la aplicación del modelo, Andalucía ha recibido 13.411 millones menos que la media entre 2002 y 2023. Ese importe global aumenta cada año que no se aprueba una nueva ley.

Como explica la Cámara de Cuentas, el sistema de financiación autonómica tiene como finalidad garantizar que las CCAA dispongan de los recursos necesarios para ejercer sus competencias y prestar servicios públicos esenciales de manera eficiente.

Recalca que «España puede encuadrarse entre los países más descentralizados de la OCDE, por lo que las CCAA absorben más de un tercio del gasto total de las Administraciones».

Ese gasto, en todas las regiones, tiene un destino concreto: «Emplean más de la mitad de su personal, y gestionan los servicios públicos más relevantes para el bienestar de los ciudadanos: la sanidad, la educación y los servicios sociales».

Por tanto, la conclusión que hay que extraer es que cada euro que una región reciba de menos supone contar con menos recursos para garantizar el Estado del Bienestar en sus territorios y como consecuencia se produce un agravio comparativo entre los españoles en función de su lugar de residencia. A todo eso es lo que el informe de la Cámara de Cuentas le pondrá «números».

María Jesús Montero es ministra de Hacienda desde junio de 2018 y desde diciembre de 2023 es además vicepresidenta primera del Gobierno. En junio de 2026 será la candidata socialista a las elecciones autonómicas. La Junta de Andalucía le reprocha que desde su cargo, en lugar de defender los intereses de la región, prioriza los de sus socios de Gobierno. Las críticas se centran, entre otras cuestiones, en la falta de soluciones para el problema de la financiación autonómica –que ella misma reclamaba cuando era consejera de Hacienda en Andalucía–. La Cámara de Cuentas añadirá ahora más argumentos a este reproche.