«Parece que tenemos la culpa de todos los males de la mar»

Una vez más, los pescadores gaditanos vuelven a las «trincheras». Lugar al que, desde hace ya décadas, parecen abonados por los innumerables reveses que el sector viene recibiendo desde frentes distintos; ya sea por la complicada situación de los caladeros, el elevado precio que comporta faenar –precios de gasóleo, hielo para las capturas, etc–, la lacra del alga asiática o, como es el caso, las normativas comunitarias.

«Trinchera» que ayer se trasladaba al puerto pesquero de Sanlúcar de Barrameda –uno de los más importantes de la provincia y Andalucía–, en el que los pescadores de la flota de arrastre mostraban su hartazgo hacia las políticas europeas y, muy en especial, a las restricciones que plantea el Plan de Acción de la Comisión Europea sobre Ecosistemas Marinos y que afecta directamente a esta modalidad de pesca.

«Parece que los pescadores tenemos la culpa de todos los males de la mar», comentaba José Antonio, técnico y portavoz de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda a pie de puerto.

«De un tiempo a esta parte estamos en el punto de mira de un sinfín de reglamentaciones que, día a día, dificultan la supervivencia del sector y lo colocan en una situación que es prácticamente insostenible».

«No hablamos de nada menor», subrayaba. «De hacerse efectivas las prohibiciones que plantea el Plan de Acción de la Comisión Europea sobre Ecosistemas Marinos, serían más de 200 pescadores (y sus familias) los que se verían afectados directamente. A lo que habría que sumar esas otras personas que, indirectamente, también dependen de la actividad de la flota de arrastre en Sanlúcar de Barrameda».

El asunto es relevante, ya que el arrastre sanluqueño, con una flota compuesta por 60 embarcaciones, es el que «mayor valor aporta al puerto, la actividad pesquera y la propia economía de la localidad».

«El arrastre es el alma de nuestro puerto. Si se pierde o, como plantea el Plan de Acción de la Comisión Europea sobre Ecosistemas Marinos, se prohíbe su actividad en las zonas marinas protegidas para 2030, el puerto quedará muy tocado», advierten.

Por ello, ayer, la flota pesquera sanluqueña, cuyos representantes viajaron recientemente a Bruselas para exponer sus argumentos en contra de la prohibición que plantea dicho plan especial, reclamaba que la Unión Europea diera oficialidad a la marcha atrás manifestada por el secretario de Estado del Mar del Gobierno francés, Hervé Berville, tras mantener una reunión con el comisario europeo de Medio Ambiente y Pesca, Virginijus Sinkevicius –el mismo que vigila de cerca el plan para aumentar los regadíos en la Corona Norte de Doñana– .

«Lo que pedimos es que las cosas queden claras y que el pronunciamiento del comisario europeo de Medio Ambiente y Pesca tenga la oficialidad que corresponde. De lo contrario, seguiremos manifestándonos y secundando las acciones de protesta que se planteen a nivel nacional», ya que dicha prohibición también afecta a flotas nacionales y países costeros de Europa.

Si Europa siguiera adelante con la prohibición que propone el Plan de Acción sobre Ecosistemas Marinos, «las salidas para nuestra flota serían escasas o nulas», ya que la reconversión de los arrastreros a otra modalidad de pesca se antoja casi un imposible. «Más aún en la situación de práctica supervivencia en la que se encuentra el sector».

«Hay cosas que no se llegan ni a entender, ya que nos piden que, por ejemplo, de aquí a 2030 los motores sean eléctricos, cuando ni siquiera se fabrican motores de 500 cv para las embarcaciones», explican.

Desde la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda agradecen el respaldo que están teniendo por parte de las instituciones tanto local como autonómica, además de la manifestada por los propios sanluqueños. «Desgraciadamente, es un tema que depende de Europa y el Gobierno tampoco tiene mucho margen de actuación».

Cabe apuntar que la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha señalado que dicha prohibición es un «disparate», más aún «teniendo en cuenta los esfuerzos que ha realizado el sector en favor de la mejora de los caladeros».

Además, ha señalado que «se tienen que tomar decisiones basadas en estudios científicos» y que «el plan no tiene razón de ser».