La concertada andaluza pide hueco en la educación especial y la FP

Los centros concertados andaluces se ofrecen para paliar dos de los flancos más débiles del sistema actual: la educación especial y la formación profesional. Y para ello reclaman que la Administración educativa concierte más unidades de estos dos ámbitos, una demanda que vienen formulando desde hace tiempo y que no termina de sustanciarse. Cada vez más centros tienen problemas para atender la complejidad de la educación especial, cuyos docentes están desbordados y no pueden hacer un seguimiento personalizado de cada caso. En cuanto a la formación profesional, muchos alumnos se quedan fuera cada curso por la amplia demanda y la escasez de plazas, por lo que la concertada contribuiría a solucionar un problema creciente.

El presidente de la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE), Rafael Caamaño, recuerda a LA RAZÓN que la Consejería prevé concertar tres unidades de educación especial el próximo curso, una cifra «mínima» que no satisface para nada las expectativas del sector. «Cada vez hay más alumnos diagnosticados con necesidades de apoyo educativo y muchos piensan que la enseñanza concertada no los atiende», se lamenta. Todo lo contrario. «Se sectoriza exactamente igual que en la educación pública, no hay ningún tipo de discriminación, pero muchas veces no se tienen los medios que se necesitan para atenderlos bien».

La consecuencia es que los ratios de alumnos crecen. Los docentes, por su parte, «se comportan ejemplarmente y realizan su trabajo con voluntad, sensibilidad e implicación», apunta Caamaño. La Consejería es consciente de esta circunstancia y su respuesta, señala el presidente de CECE, es que no hay recursos económicos suficientes para concertar más. «Sí renueva lo que está en vigor porque esa es su obligación. La normativa dice que los conciertos se renovarán siempre que se mantengan las condiciones en las que se concedieron y haya demanda social», sostiene. En este punto, recuerda que en el programa electoral del PP se recoge el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos. Y es más, Caamaño apunta que los miembros del Gobierno andaluz afirman machaconamente que las prioridades del Presupuesto autonómico «son la sanidad y la educación». Esa declaración de intenciones «luego no se ve reflejada en las cuentas», subraya, una inversión «absolutamente insuficiente para la demanda que hay en la concertada».

En cuanto a la formación profesional, asegura que el año pasado hubo ocho conciertos en toda Andalucía, una cifra «ridícula». «Si queremos luchar contra el fracaso escolar y fomentar el empleo juvenil, hay que invertir más en este ámbito», apunta, además de señalar que muchos centros ofrecen ciclos formativos privados, a los que acceden los alumnos «con mucha dificultad por parte de sus familias». «Ni siquiera la enseñanza pública es capaz de atender esa amplia demanda existente», sostiene Caamaño.

Con todo, CECE destaca las relaciones cordiales con la Consejería de Educación. «Hay sensibilidad, pero las promesas políticas se tienen que sustentar en un Presupuesto», apunta, no sin antes remarcar que la Junta no está satisfaciendo las expectativas que se habían creado en el sector.

Caamaño defiende que el sector al que representa «no quiere que se dediquen menos recursos a la educación pública, entre otras cosas por puro volumen». De hecho, este ámbito educativo supone el 20% de todo el sistema andaluz, frente al 80% de la enseñanza pública. «Somos un sector que trabaja por la educación en Andalucía. No queremos privilegios ni ir contra nadie».

La Junta, por su parte, ha ido aumentando la inversión en la educación especial sostenida con fondos públicos. En una reciente comparecencia parlamentaria, el jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, aseguró que en este curso se destinan a este ámbito 590 millones de euros, un 74% más que en 2018, el último año de gestión socialista. Además, hay 1.100 unidades más que en 2018 y 13.600 profesionales especialistas, un 34% más.

Junto a ello, hay más de 3.500 PITIS (personal técnico de integración social), casi 6.000 maestros y profesores de pedagogía terapéutica, 2.000 de audición del lenguaje y 2.200 profesores de orientación educativa. «¿Se cubren las necesidades?», se preguntó Moreno, quien respondió al diputado de Adelante Andalucía José Ignacio García que «no» porque «siempre hay muchas más necesidades». Por tanto, este ámbito no sólo «debe recibir más recursos económicos , sino también mucho cariño, mucha piel y mucha sensibilidad», aseguró el presidente de la Junta en relación a las necesidades.