Las defensas piden "acotar" el juicio por una pieza separada de los ERE tras el amparo del TC

Las defensas de los ocho acusados por una pieza separada de los ERE referida a las ayudas de 1,5 millones de euros a la empresa de restauración Río Grande han pedido este jueves que el objeto del juicio se 'acote' de acuerdo al pronunciamiento hecho por el Constitucional en la pieza política de esta macrocausa.

En la pieza separada que se juzga en la Audiencia de Sevilla están acusados Juan Lanzas, exsindicalista considerado 'conseguidor' de los ERE -quien no ha comparecido debido a una intervención quirúrgica-, Carmen Fontela, considerada la primera 'intrusa' detectada en los ERE fraudulentos, y el exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín, entre otros.

Las defensas han coincidido al apuntar como cuestiones previas a la incidencia que, en su opinión, debe tener el amparo concedido por el Constitucional a los principales condenados en el denominado procedimiento específico (político), tanto en esta pieza separada como en el resto de las que siguen pendientes de enjuiciamiento.

El Constitucional ordenó a la Audiencia de Sevilla emitir una nueva sentencia -todavía pendiente- sobre dicha pieza política al conceder amparo a condenados como los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, tras una interpretación alternativa sobre los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos juzgados.

El 'Matrix' de los ERE

A raíz de dicho pronunciamiento de la corte española de garantías, abogados defensores como José María Calero han sostenido en el juicio que las acusaciones -en el caso de Río Grande, Fiscalía, Junta y PP- "no terminan de aceptar" lo que dice el Constitucional y cree que buena parte de los escritos acusatorios se quedan "sin ningún contenido".

El propio Calero se ha referido al "fenómeno patológico de la justicia" que representa a su juicio la macrocausa de los ERE, a la que también ha aludido como un "Matrix mental" para finalmente concluir que, tras el pronunciamiento del TC, habrá que reconocer definitivamente que la causa "se queda en los intrusos".

En la misma línea argumentativa, el letrado Jorge Aguilera, defensor de Albarracín, ha considerado la causa de los ERE un "galimatías procesal" y que el objeto de juicio debería acotarse únicamente a las ayudas respecto a los llamados "intrusos".

"No sabemos a qué atenernos", ha sentenciado este abogado, que ha hablado incluso de un posible carácter "alegal" o "aprocesal" y que sostiene que "lo razonable" sería esperar a que hubiera nueva sentencia sobre el procedimiento específico.

Niega el cobro de comisiones

Tras la presentación de las cuestiones previas, únicamente ha declarado el exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín, quien se encuentra actualmente en prisión y ha llegado esposado a la sala, y que ha negado haber recibido comisiones y ha situado a Lanzas como un "comercial externo" a su empresa.

A raíz de las peticiones planteadas por las defensas muchos de los procesados no tendrán obligación de comparecer en todas las sesiones del juicio fijadas para los próximos 16, 17, 18, 23, 24, 25 y 26 de este mes.

Las declaraciones de Juan Lanzas, exsindicalista considerado 'conseguidor' de los ERE, y Carmen Fontela, señalada como la primera 'intrusa' detectada en los ERE, están previstas para el día 25 de junio.

Por su parte, la Fiscalía ha rebajado de 7 a 3 años la penas de prisión que reclama provisionalmente para siete de los ocho procesados por esta pieza separada, un cambio que obedece a la aplicación del artículo 65.3 del Código Penal, referido a agravantes y atenuantes de penas para inductores o cooperadores necesarios.

'Liquidez inmediata' con fondos públicos

La Fiscalía, según recoge el escrito de acusación al que tuvo acceso EFE, explica que la administradora única de la empresa Río Grande era "sabedora" de que la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Trabajo y "al margen de procedimientos legalmente establecidos", podía otorgarle fondos públicos para obtener "liquidez inmediata" en su empresa.

De esta forma, relata la acusación pública, consiguió que el director general, el ya fallecido Javier Guerrero, beneficiara a su empresa con una ayuda por importe de 1,53 millones de euros "que no consta entre las concedidas y facilitadas" por la Junta, puesto que se utilizó un "sistema irregular de pagos cruzados" para el abono de unos primas de seguro, de modo que no quedaban reflejados en la contabilidad de la agencia pública IFA-IDEA.

El destino de las subvenciones era financiar el coste de la indemnización por despido colectivo acordado entre la empresa y los trabajadores en la tramitación de un ERE, siendo la forma de pago la suscripción de un seguro de rentas a favor del trabajador.

Además de la administradora única de la mercantil, entre los encausados figuran varios responsables y trabajadores de la mediadora Vitalia, la entidad Atrado Mensajería y el bufete Estudios Jurídicos Villasís, así como una 'intrusa' que se benefició de una póliza de seguro pese a que nunca había trabajado para Río Grande.

En esta causa también fue investigado el ex director general de Trabajo Juan Márquez, pero el juez lo excluyó en octubre de 2017 en aplicación del principio 'non bis in ídem', ya que estaba siendo juzgado por los mismos hechos en la pieza del procedimiento específico, una decisión que la Audiencia de Sevilla ratificó en enero de 2018.