CCOO ha alertado de que "las ofertas millonarias a empresas privadas y la mala gestión del Ministerio del Interior" respecto a la patrulla de helicópteros de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha forzado el cierre de la unidad, que ya no vuela desde el 1 de septiembre, "dejando a toda Andalucía sin el debido control en la seguridad de los desplazamientos". "Como tristemente ha quedado demostrado este verano con las emergencias de los incendios, resulta imprescindible blindar estos servicios esenciales para la protección de la ciudadanía", ha subrayado el sindicato en una nota de prensa, advirtiendo que "la seguridad vial no es un negocio" y exigiendo al Gobierno que explore "las vías públicas de avance necesarias para reactivar estas unidades".

La organización recuerda que ya en julio lanzó la voz de alarma, avisando de que "los helicópteros pertenecientes a la Unidad de Medios Aéreos (UMA) de la DGT dejarán de volar a partir de septiembre", según narraba el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en el Ministerio del Interior, Fernando García. Todo ello, explica --según el sindicato--, por la finalización de los contratos que hacen posible la operatividad de las aeronaves y por los graves problemas de personal que existen en la unidad, "con algunas de sus patrullas llegando a niveles de desocupación de casi un 50% entre las plantillas de pilotos y de personal mecánico", además de la "línea de priorizar la privatización en la gestión seguida por los responsables del departamento ministerial".

Ante esta situación, CCOO ha destacado que el Ministerio del Interior no ha atajado los conflictos que afectan a la Unidad y que han derivado en su parálisis. Asimismo, han considerado que los responsables ministeriales no han lanzado las Ofertas de Empleo Público (OPE) necesarias para paliar el déficit de efectivos. "Desde el año 2023, CCOO viene demandando soluciones que enfrenten con garantías legales y públicas el arco contractual que afecta de esta forma a la UMA, al tiempo que hemos venido exigiendo que se destinasen los recursos necesarios para configurar una OPE que lograse acabar con el alto número de vacantes que están ahogando este servicio esencial que garantiza la seguridad vial de la ciudadanía", ha reseñado García Castro.

El sindicato detalla que en 2024 presentó a los gestores de la DGT y, posteriormente, al Ministerio del Interior, una propuesta de mejora sobre la UMA y otros servicios encargados de la seguridad vial, como los Centros de Gestión de Tráfico y los Investigadores de la Seguridad Vial. Dicha propuesta apostaba por la autofinanciación, destinando íntegramente las sanciones de tráfico a estos servicios, en cumplimiento de la Disposición adicional cuarta del Real Decreto 6/2015. Sin embargo, "el Ministerio del Interior ha decidido no hacer uso de esta recaudación en un servicio público y revertirlo así en un bien para la ciudadanía, sino que lo que ha hecho es ofertar un contrato de 40 millones en cuatro años a una empresa privada", ha denunciado García.

Desde el sindicato muestran su preocupación por "la decisión estratégica tomada en Interior de privatizar todos los servicios de los que dependen las aeronaves, centralizando sus requerimientos en un único contrato, abriendo las puertas de la seguridad en carretera a la especulación de negocio dentro de la DGT". Esta situación, ha explicado CCOO, "ya sucede en los Centros de Gestión de Tráfico, donde actores privados cuentan con contratos bianuales de más de 30 millones de euros". CCOO ha recalcado que tanto la Unidad de Medios Aéreos como los Centros de Gestión de Pantallas son "pilares de la prevención de la seguridad vial", contribuyendo desde 1989 a reducir en un 80% el número de fallecidos en accidentes de tráfico. En los Centros de Gestión, denuncia la política de privatización de la Administración en estas infraestructuras críticas, que hoy controlan más de 1.700 cámaras, 2.000 paneles informativos y 2.400 estaciones de toma de datos, lo que permite advertencias y asistencia en caso de accidentes, así como la gestión de carriles reversibles.

Finalmente, el sindicato ha afirmado que "la seguridad en la carretera ni se privatiza ni es un negocio", y exige a la DGT y al Ministerio del Interior que asuman "la responsabilidad de acometer las reformas necesarias para explorar vías públicas de avance que blinden los mencionados servicios que contienen infraestructuras críticas y esenciales".