Gibraltar le roba al mar español 10 hectáreas en 25 años y "viola la soberanía e integridad territorial de España"

Un macroproyecto urbanístico en ciernes, un conflicto diplomático latente y un encaje en la Unión Europea que no termina de cerrarse tras el Brexit. Casi todo lo que rodea a Gibraltar, y a las relaciones con España y los municipios andaluces limítrofes, está envuelto en la polémica y desprende un cierto halo de oscurantismo que en nada beneficia a los «llanitos» ni a los miles de trabajadores españoles que se desplazan a diario a la Roca para realizar su actividad profesional. Uno de los episodios que más roces está generando entre los gobiernos tiene que ver con los rellenos que está realizando la colonia británica para el proyecto Eastside. Gibraltar, de esta manera, gana terreno al mar y crece en su costa oriental, algo que no sólo ha enfadado al Ejecutivo central, que considera que está ampliando su territorio en aguas españolas, sino también a los ecologistas, que critican el «atentado ambiental» cometido y los efectos en la costa gaditana. De hecho, según los cálculos de las asociaciones en defensa del medio ambiente, se habrían ganado diez hectáreas en los últimos 25 años.

Eastside será mucho más que un puerto deportivo para grandes yates. Contará con un atracadero de combustible, algo que está levantando ampollas porque Gibraltar se ha convertido en los últimos años en un punto habitual de reparación de submarinos nucleares. Junto a ello, se prevén 1.300 viviendas para uso residencial, oficinas de lujo, un aparcamiento subterráneo para 500 vehículos, un parque público, centros comerciales y un hotel con 200 habitaciones.

¿Cómo es posible hacer realidad este complejo en una antigua escombrera? Ampliando este espacio con piedra de escollera. Cada día, según los ecologistas, llegan al Peñón decenas de camiones con toneladas de esta piedra extraída de la cantera La Utrera, en Casares (Málaga). El portavoz de la organización ecologista Verdemar en el Campo de Gibraltar, Antonio Muñoz, explica a LA RAZÓN que el enclave está considerado Zona de Especial Conservación por parte de la Red Natura 2000 y cifra en 10.000 las toneladas de esta piedra arrojadas al mar. El colectivo puso el tema en manos de la Fiscalía en octubre de 2024 y, tras las correspondientes investigaciones por parte del Ministerio Público, ha trasladado el asunto a un juzgado de La Línea de la Concepción para que abra diligencias. Es entonces cuando la asociación se personará en el caso.

Verdemar denuncia que esta práctica tiene una incidencia negativa en los fondos marinos de la bahía de Algeciras, que «están protegidos». Además, la actividad genera partículas en suspensión que «pueden afectar a la pesca». «Se han ganado 10 hectáreas al mar y en los próximos años se sumarán cinco más. Con los diques de la marina se usarán en total un millón de toneladas de escollera», alerta Muñoz.

El Ministerio de Exteriores llegó a protestar por carta ante el Gobierno británico por este asunto. Considera que estas faraónicas obras constituyen «una violación de la soberanía e integridad territorial de España» porque se están realizando «en espacios no cedidos por el Tratado de Utrecht», como son las aguas territoriales que rodean el Peñón y que nunca fueron incluidas en el acuerdo que en 1715 cedió la colonia al Reino Unido. Recientemente, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, aseguró que la Guardia Civil y el Instituto Oceanográfico «están coordinados para comprobar si en el suelo marino hay alguna afección que tenga que ver con los vertidos». Además, señaló que los ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior, cada uno en su ámbito, «están encima de este asunto».

La Junta de Andalucía, por su parte, mostró su preocupación y exigió al Ministerio de Transición Ecológica que actúe «contundentemente». Así lo aseguró el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en una reciente comparecencia parlamentaria, aludiendo a la negociación sobre el encaje de Gibraltar en la UE tras el Brexit y que por este motivo «no se atreven a actuar no vaya a ser que se cabree Gibraltar».

Sanz aseguró que ha pedido una reunión con la ministra del ramo, Sara Aagesen, para abordar este asunto que no sólo preocupa a las asociaciones en defensa del medio ambiente, sino también a los pescadores. Junto a ello, reclamó a la Unión Europea que intervenga y realice los controles oportunos. Una competencia, tal y como señaló, que corresponde al Ministerio. Sin embargo, las conversaciones que se mantienen en torno a un futuro acuerdo «postBrexit» habrían dejado al lado este tema, que añade más dudas a los límites de la soberanía.