Polémica

Dos plataformas ciudadanas denuncian la “violencia de género institucional” contra Juana Rivas

Piden al TSJA que “corrija la grave injusticia” que a su juicio supone la petición de la Fiscalía de que la mujer sea multada, otra muestra de “ensañamiento y persecución”

Una de las muchas concentraciones que ha habido a favor de Juana Rivas
Una de las muchas concentraciones que ha habido a favor de Juana Rivaslarazon

Las plataformas 8M-25N y de Apoyo a Juana Rivas han denunciado un nuevo acto de “violencia de género institucional” contra esta vecina de Maracena (Granada) después de que la Fiscalía haya pedido que se le imponga una multa de 5.000 euros por abuso derecho en su querella contra el juez Manuel Piñar, que la condenó a cinco años de cárcel por llevarse a sus dos hijos sin permiso del padre y permanecer un mes en paradero desconocido.

En un comunicado dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que deberá decidir si admite o no esa querella por prevaricación judicial y atentado contra la integridad moral de los que acusa al titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, estos colectivos piden que “corrija” esa “grave injusticia” en la nueva actuación por parte del Ministerio Público.

“El ensañamiento y la persecución llevada a cabo por algunos miembros del sistema judicial de Granada contra Juana Rivas es una clara expresión de violencia de género institucional extrema”, han indicado las plataformas después de que la Fiscalía pidiera al TSJA que rechace la querella contra el magistrado.

A juicio de estos colectivos, en el caso de Juana Rivas, los órganos judiciales no han reconocido sus “errores” y han hecho un “búnker corporativo” que persigue su destrucción y que está desprotegiendo “de manera salvaje” a sus hijos.

Asimismo, han denunciado la que consideran “grave actuación” de la Fiscalía de Granada por mantener de forma permanente una posición de “parcialidad y persecución” a Rivas y su lucha por proteger a sus hijos de la violencia machista.

También los plataformas han censurado el papel de la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, por no interesarse “en ningún momento” por el problema que viven Rivas y sus hijos, pese a los llamamientos para que ejerciera sus funciones de protección y defensa de los derechos de los menores.