Almonte e Hinojos ven injusto recibir el 20% de las ayudas del Gobierno

El pacto entre Gobierno y Junta de Andalucía por Doñana ha resuelto un problema puntual –la polémica ley de regulación de regadíos–, pero no ha solucionado aún lo verdaderamente preocupante, que es el estado del Parque Nacional, y por ahora sólo se ha traducido en el enfrentamiento entre territorios colindantes por las ayudas económicas.

Mañana, la Estación Biológica de Doñana (CSIC) presentará el «informe científico de seguimiento de Doñana 2023». Poco o nada se ha hecho desde que en abril el director Eloy Revilla interviniera en un pleno extraordinario para criticar la proposición de ley y argumentar que la situación de Doñana es «crítica». Al contrario, la sequía se ha acrecentado y el Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no ha sido capaz de cerrar ni la mitad de los pozos ilegales que predijo antes de final de 2023. Sin embargo, la polémica ya está servida por la falta de consenso entre los catorce municipios a la hora de acordar el reparto de 70 millones de euros en ayudas económicas que destinará el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de los 350 millones de euros aportados para este «rescate» de Doñana.

Almonte e Hinojos ven «injusto» recibir el 20 por ciento (13 millones en total) entre ambos, como fija la propuesta mayoritaria, y piden un trato más preferente porque aportan más del 64% de la superficie al Espacio Natural. Lo que se considera una «rabieta» por el resto.

El Gobierno decidió que la línea 10 del plan del ministerio, una subvención de 70 millones a repartir entre las entidades locales de la Reserva de la Biosfera Doñana, se hiciera por consenso. Pero no ha sido posible. Ayer, doce de los catorce municipios que conforman el entorno de Doñana escenificaron su acuerdo en función del número de habitantes y la superficie, pero estableciendo un mínimo y un máximo. Según esto, Almonte recibiría 8 millones; Aznalcázar, Hinojos, La Puebla del Río y Sanlúcar de Barrameda, 5,9 millones cada uno; y Moguer, 5,6 millones. A Bollullos Par del Condado, Bonares, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera, Pilas, Rociana del Condado y Villamarrique de la Condesa se les asignarían 4,1 millones de euros.

Esta propuesta será elevada ahora al ministerio de Teresa Ribera para que sea estudiada. Los firmantes expresaron su deseo de que puedan sumarse Almonte e Hinojos. El alcalde de Pilas, José Leocadio Ortega, habló de criterios «desproporcionados» planteados por Almonte y el primer edil de Bonares calificó como «actitudes maximalistas» las que impidieron un acuerdo de los catorce municipios.

Frente al «Doñana somos todos» esgrimido por doce municipios bajo la «prioridad» de «apostar y proteger» el espacio natural, los representantes políticos de Almonte e Hinojos anunciaron en el entorno onubense de Doñana, tres opciones con «criterios estrictamente objetivos» y «justos».

La alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle Ortega, aseguró respecto al acuerdo del resto de territorios que «la mayoría es solo un número; si no hay argumentos, no sirve de nada». Junto al alcalde de Almonte, Francisco Bella, defendió que sus pueblos han sido «cómplices de la conservación de Doñana» y el resto no. Y presentaron tres opciones. En la primera se tiene en cuenta los municipios con aportación de superficies a Espacios Naturales Protegidos (80%) + Población (20%). La segunda opción establece «una cuota fija del 25% del total de la ayuda más la superficie en Espacio Natural Protegido (80%) sumando, además, la población (20%). Mientras que la última propuesta se basa en el establecimiento de una cuota fija del 25%, más la superficie en el Espacio Natural Protegido (77,5%), más la población (17,5%), a lo que se le suma el paro (5%). «No se puede hacer un pacto por Doñana sin Doñana. Si Hinojos y Almonte se ven desprotegidos, esto no va a terminar aquí», amenazaron.