A Teresa Ribera se le atasca la depuración en Matalascañas

La playa de Matalascañas es una amenaza para Doñana. Quizá se encuentre fuera del debate político, que señala exclusivamente a los agricultores de los problemas del Parque Nacional y no arriesga con los votos que representan los más de 200.000 veraneantes que cada año disfrutan de los kilómetros de costa de Almonte. La que algunos llaman «gallina de los huevos de oro» del municipio onubense es parte del problema hídrico que pone en riesgo la mayor joya medioambiental de Andalucía. Lo es por dos razones: porque el abastecimiento humano «tira» del acuífero del espacio natural –en torno a 2,2 hm3 anuales– a través de cinco sondeos; y porque en pleno 2024 se continúan sin depurar correctamente sus aguas fecales y existe el riesgo real de un «desastre ecológico» si las obsoletas instalaciones colapsan, como ya ha amagado con suceder.

La Asociación de Propietarios de Matalascañas ha denunciado que el proyecto de ampliación y renovación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) «vuelve a la casilla de salida». Sus máximos responsables mantuvieron la pasada semana una reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, y con la Directora Técnica, Nuria Jiménez. Durante la misma conocieron que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en concreto la Subdirección General de Evaluación Ambiental, había recibido un informe desfavorable de la Dirección General de Salud de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta que «cuestiona la ubicación de la ampliación de la depuradora». Tras la realización de un estudio de alternativas, se había optado por la ampliación de la EDAR actual en la parcela colindante de la discoteca «Surfasaurus» y se había abierto un periodo de evaluación ambiental en el que las administraciones informan sobre el posible impacto. Estos avances hicieron anunciar a la ministra Teresa Ribera que en 2026 podrían estar en funcionamiento por fin las nuevas instalaciones. Los responsables de la CHG hicieron ver a los propietarios de Matalascañas que el informe de la Consejería de Salud, preceptivo y «vinculante», supondrá el rechazo de la autorización ambiental, con lo que «el convenio firmado por el Ayuntamiento de Almonte, la Junta y el Gobierno se convertirá en papel mojado». Desde el Ejecutivo andaluz ni confirmaron ni desmintieron la existencia del informe de la Consejería de Salud.

Juan Gómez, presidente de la asociación, vislumbra un panorama desolador: años y dinero perdidos, sin ubicación clara y ante el riesgo evidente de perder los fondos europeos con los que afrontar una obra de 25 millones de euros. «No comprendemos cómo después de más de tres años de la realización de un primer estudio de alternativas y un anteproyecto, que tuvo un coste de unos 250.000 euros, y haber firmado un convenio con esos condicionantes en los que se obliga al Ayuntamiento a poner a disposición de las administraciones los terrenos para realizar la obra, ahora se dan cuenta que el ruido y los olores pueden molestar a los vecinos», se lamentó Juan Gómez.

Matalascañas está en el epicentro de la sanción impuesta por Europa por la mala depuración y que obliga a España a pagar multas anuales desde 2018 por no hacer los deberes en los enclaves urbanos con más de 15.000 habitantes. Ya se puede asegurar que será la última de las que provocan las multas que entrará en servicio, pese a que fue declarada de interés general del Estado hace casi tres décadas. En declaraciones a LA RAZÓN, Juan Gómez se mostró indignado porque «después de 40 años en esa ubicación, que consideramos la mejor», salga «ahora» un informe que lo desaconseja.

Gómez recuerda que «el Ayuntamiento iba a ceder el terreno, pero una denuncia del partido ‘Ilusiona’ –ahora al frente del Consistorio- ha provocado que se declare nulo el Pleno que aprobó el convenio con los dueños de la Surfasaurus. Estamos sin terrenos, se están buscando cuatro posibles alternativas, pero entonces dejaría de ser una ampliación de la existente y sería una nueva».

Según explicó, las alegaciones de la Junta dicen que no es viable la depuradora donde está por los olores y molestias a los vecinos. Y calificó como «muy oscuro» que ahora salga salud y desaconseje la ubicación. «¿No han tenido tiempo de hacer un informe de salubridad antes?». Mientras, según la versión expuesta por Gómez, el actual Ayuntamiento propone llevar las aguas residuales a la EDAR existente en El Rocío, algo «inviable» y «sin sentido» porque tiene que pasar el parque de Doñana y el preparque.

Según Juan Gómez, la actual depuradora «puede explotar en cualquier momento y provocar un desastre ecológico en las playas de Matalascañas y Doñana». Existe un «riesgo patente», porque «ya ha habido pequeños reventones con fugas que se han tapado». A su juicio, todo es «una vergüenza» y «deberían ser los políticos los que pagasen la sanción como responsables» y no los usuarios que llevan años pagando un canon de mejora.