Un imputado de los ERE se enfrenta a "300 años" de cárcel por "50 piezas" tras ser exculpado de la principal

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha iniciado este lunes un juicio contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera y un empresario identificado como Pedro J.V., por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad con relación a los fondos autonómicos destinados a la sociedad Industrias Elizana, pieza separada de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados por la Junta de Andalucía, recogió Europa Press.

Durante la fase de cuestiones previas de esta primera sesión del juicio, la abogada defensora de Daniel Rivera ha planteado la supuesta "nulidad" de las actuaciones dirigidas en esta causa contra su patrocinado, especialmente del auto de inclusión del mismo en esta pieza separada de la macrocausa de los ERE, extremo para el cual ha rememorado que en abril de 2017, la propia Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla le exculpó de la pieza de esta macrocausa correspondiente al mecanismo de financiación de los ERE fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas, es decir el conocido como "procedimiento específico".

Dado el caso, Rivera no figuró como acusado en el juicio celebrado por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla por el citado "procedimiento específico" de financiación de los ERE fraudulentos y subvenciones directas y sin publicidad.

Fruto de aquel juicio, recordémoslo, actualmente cumplen penas de cárcel el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo; el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano; siendo agotado el plazo para que ingrese en la cárcel el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y quedando pendiente una decisión final de la Sección Primera de la Audiencia sobre la petición del expresidente andaluz José Antonio Griñán, de suspender la ejecución de su pena de prisión ante el cáncer de próstata que le ha sido diagnosticado.

EL PRINCIPIO 'NON BIS IN IDEM'

En ese sentido, la abogada defensora de Rivera ha invocado el principio 'non bis in idem', que impide que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez, y el "criterio" marcado en ese sentido por la Sección Séptima de la Audiencia respecto a las piezas separadas de los ERE.

Al respecto, la abogada defensora ha lamentado que tras su exclusión de la pieza principal del "procedimiento específico", Daniel Alberto Rivera afronte su inculpación en unas "50 piezas" separadas correspondientes a las ayudas en cuestión financiadas con cargo a dicho mecanismo de financiación, con peticiones de pena de una media de "seis años" de cárcel, con lo que afronta en definitiva solicitudes de condena que suman unos "300 años" de prisión.

Ello, cuando Rivera fue el director general de Trabajo que según ha destacado, "desveló" la situación y emprendió "la revisión" de los expedientes correspondientes a las mencionadas ayudas; "contribuyendo a la regularización del sistema"; y cuando el también exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía Juan Márquez ha sido condenado finamente a tres años de prisión por el Tribunal Supremo, después de ser juzgado en el juicio principal por el "procedimiento específico" y que la Sección Primera de la Audiencia le impusiese inicialmente siete años y un día de cárcel.

LA "CONDICIÓN" DE LOS "NUEVOS HECHOS"

La letrada ha reconocido que la exculpación de Rivera en la causa del "procedimiento específico" de financiación de los ERE tenía la "condición de que no se determinasen hechos nuevos que pudieran motivar su enjuiciamiento", pero ha aseverado que "esos hechos nuevos no se han producido", sino que "son los mismos desde 2012.

Así, la defensa de Rivera ha considerado que se ha incurrido en una "inclusión artificiosa" de Rivera en este procedimiento judicial, así como en una desigualdad de tratamiento y en infracciones del derecho a un proceso judicial justo, entre otros aspectos.

Igualmente, ha asegurado que la declaración de complejidad de las actuaciones correspondientes a esta causa fue "extemporánea, fuera de plazo", esgrimiendo que Rivera prestó declaración en 2012 en las diligencias primigenias de la investigación de la macrocausa, mencionado ya entonces en sede judicial los fondos autonómicos destinados a la sociedad Industrias Elizana y la "revisión de oficio" promovida sobre las subvenciones investigadas.

EL PLAZO DE INSTRUCCIÓN

"Se ha superado con creces el plazo de instrucción", ha aseverado la abogada defensora de Daniel Rivera, reclamando que sea declarada la "nulidad" de las diligencias

La fiscal del caso, no obstante, ha considerado que se trata de cuestiones "ya resueltas" en acuerdos judiciales previos, asegurando que los mismos ya precisaban que pese a su exculpación de la pieza del "procedimiento específico", Rivera podía afrontar "posibles responsabilidades penales" por sus actuaciones desde el cargo de director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía con respecto a cada una de las ayudas autorizadas.

Especialmente, la representante del Ministerio Público ha advertido del criterio según el cual la causa judicial del "procedimiento específico" de financiación de los ERE, del que fue excluido Daniel Rivera, no abarca cada uno de los casos de las ayudas libradas mediante este sistema.