El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, lleva semanas reclamando al Gobierno de España el mismo trato otorgado a Cataluña tras un acuerdo «bilateral» que garantiza la creación de 60 plazas de jueces más para esta comunidad autónoma mientras no se prevé la creación de ninguna para Andalucía. Ahora el tema llega al Parlamento, donde el PP ha presentado una Proposición no de Ley relativa a la equidad en materia de provisión de medios humanos, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia en Andalucía.

Tanto Cataluña como Andalucía comparten las competencias en materia de justicia con el Gobierno de España. En el caso andaluz, la administración autonómica se encarga de la a gestión de los recursos materiales, la organización de los medios humanos al servicio de la Administración de Justicia, las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales, los concursos y oposiciones de personal no judicial y cuantas competencias ejecutivas le atribuye el título V del Estatuto de Autonomía para Andalucía y la legislación estatal. La creación de nuevos juzgados o de nuevas plazas judiciales compete al Ministerio de Justicia, que es el que debe autorizarlas y dotarlas.

El agravio, una vez más, viene de un trato diferenciado para Cataluña con respecto al resto, partiendo de que la situación de precariedad y falta de medios de la justicia es similar en toda España.

Así, el texto de la PNL compara ambos sistemas judiciales y detalla que el nivel de asuntos ingresados sitúa a Andalucía en la parte más alta respecto del número total a nivel nacional: 7.004.309 asuntos, de forma que la tasa de litigiosidad de la comunidad es de las más altas de la OCDE y superior –en un 7,6%– a la media estatal. Asimismo, detalla que la tasa de congestión es del 62% en asuntos que resuelve a lo largo del año respecto de la carga total de trabajo en cada órgano judicial.

Los datos, extraídos de la memoria anual de actividades y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, también detallan que en lo que respecta al número de jueces acorde con el volumen de litigiosidad, existen 1.041 plazas judiciales, una ratio de 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes.

En este sentido, el TSJA pidió en la memoria de 2023, «la creación de 15 órganos colegiados y hasta 104 órganos unipersonales».

Por su parte, desde la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía se elevó, en el seno de la Comisión Mixta, la petición de «56 órganos unipersonales y 15 órganos colegiados; dentro de ellos también se habían pedido cuatro plazas de juzgados de violencia sobre la mujer».

Sin embargo, «la respuesta por parte del Ministerio ha sido cero, y no se prevé la creación de más plazas de jueces y magistrados en Andalucía debido a cuestiones presupuestarias». El PP –y la Junta-, entiende que es una «excusa que no existe cuando se trata de dotar de órganos judiciales a Cataluña, a la que le han dado 60 órganos».