El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a dos hombres por fraude a la Seguridad Social con falsos contratos y altas para la regularización de la residencia de extranjeros o conseguir prestaciones de desempleo sin tener derecho. No obstante, rebaja la pena inicialmente impuesta y también la cantidad defraudada, que fija en 117.199,71 euros.

Los hechos sucedieron entre 2013 y 2016. Según recoge la sentencia del TSJA, consultada por Europa Press, la Sala de Málaga consideró probado que uno de los acusados, en colaboración con otro hombre que falleció durante la tramitación de la causa, se dedicaba a falsificar contratos de trabajo y altas en la Seguridad Social con dichos objetivos.

El Tribunal explica que en la "trama ilegal", que estaba organizada por dicho acusado, se daba de alta en la Seguridad Social "como trabajadores de empresas ficticias a una serie de personas que efectivamente desempañaban una actividad laboral, pero que lo hacían para otra empresa", propiedad del otro procesado que también ha sido condenado.

De 2014 a 2016, este segundo acusado, que venía contratando a trabajadores expertos en trabajos verticales para su empresa, decidió, "previo concierto con el primero, simular una contratación para las empresas ficticias con vistas a ahorrarse el pago de las cuotas de la Seguridad Social", con lo que consiguió que la entidad dejara de percibir una determinada cantidad de dinero.

El fraude, según manifiesta la Sala, era posible gracias a que los acusados realizaban esas altas y baja de los trabajadores directamente en la Seguridad Social; aunque apunta que en otros casos había unos terceros también autorizados para realizar esos trámites, pero "que desconocían el fraude". Dos de estas personas fueron procesadas, pero han resultado absueltas.

Según las investigaciones, "no hay constancia de actividad real" de muchas de las empresas y los empleados "conocían que la empresa que figuraba como empleadora en sus contratos no era aquella para la que realmente trabajaban, pero no ha quedado acreditado que conocieran el fin ilícito que con ello se pretendía".

Por estos hechos, se condenó a los dos acusados por un delito continuado de falsedad documental, por el que se le impuso a cada uno la pena de 21 meses de prisión; y otro de fraude agravado a la Seguridad Social, por el que se condenó a un acusado a tres años de prisión, por reincidencia; y al otro, a dos años de cárcel. A los dos se les aplica la circunstancia que atenúa de dilaciones indebidas.

Asimismo, se condenó a pagar una multa de 300.000 euros al primero y de 250.000 euros al segundo; además de que se les impuso la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años.

Contra esta sentencia, los dos acusados presentaron recursos y al alto Tribunal andaluz sólo acoge la alegación relativa a la aplicación del subtipo agravado en el delito de fraude, "al no consta que el importe de la defraudación excediera de los 120.000 euros establecidos en dicho precepto".

En este punto se explica que se ha tenido en cuenta un informe de la Seguridad Social, en el que descuenta 5.792 euros de las cuotas defraudadas, por lo que el importe total del fraude asciende a 117.199,71 euros, cantidad con la que tendrán que indemnizar al organismo, y no a 122.992,61 euros que se determinó en la sentencia de Málaga.

Así, al estimar este punto del recurso, se rebaja la pena de prisión y de multa impuesta a los acusados en cuanto a este delito de fraude, de forma que a uno se le impone dos años y medio de prisión --antes eran tres años-- y multa de 200.000 euros; y al otro un año y tres meses de cárcel --antes eran dos años-- y multa de 150.000 euros. Se mantiene la pena del delito de falsificación.