Más coordinación entre hospitales y distritos sanitarios

La primera medida del nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, nada más tomar las riendas del departamento de manera definitiva ha sido la puesta en marcha de un plan de acción para reforzar todos los programas de cribado de cáncer, con una inversión de más de cien millones de euros y la contratación de casi 700 sanitarios. Fue el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, acompañado por Sanz, el que dio a conocer ayer los pormenores de este plan a los gerentes de los hospitales públicos andaluces y a los directores de los distritos sanitarios con el objetivo de ahondar en la coordinación. «Seguimos trabajando y avanzando en las soluciones con un refuerzo de la coordinación. A nada vamos a dedicar más esfuerzo que a la salud», aseguró Moreno en la red social X.

De esta manera, se visualiza la implicación de Moreno en esta crisis y su voluntad de solucionar los errores que quedaron al descubierto en el programa de detección precoz de cáncer de mama. Primero, reconociendo el problema, que derivó en la dimisión de la anterior consejera, Rocío Hernández. Después, anunciando más inversión y medios humanos y materiales para que las mujeres afectadas, en torno a 2.000, accedieran a las correspondientes pruebas para clarificar sus diagnósticos dudosos. Además, el Gobierno andaluz está dispuesto a dar todas las explicaciones, un hecho que se materializará el próximo miércoles cuando Sanz comparezca en el Parlamento andaluz en el debate monográfico sobre sanidad.

No obstante, lo que es una decisión encaminada a solucionar un problema «podría tener el efecto contrario». Así lo advierte el Sindicato Médico Andaluz (SMA), apuntando que este anuncio podría agravar la falta de facultativos en el sistema público. En un comunicado, la organización sindical mostró su temor de que la contratación prevista de 700 sanitarios, de los cuales 243 serían facultativos, puede provocar que muchas plazas queden desiertas al presumirse temporales, por lo que se podría agravar el déficit de médicos y, por ende, las demoras asistenciales «crecerían de manera generalizada».

El sindicato también criticó a Sanz por no haberles informado sobre dichos planes antes de anunciarlos, motivo por el cual no saben de qué forma se producirán los nombramientos del personal: «Mucho nos tememos que serán temporales, aunque no nos encontramos ante un episodio crítico limitado en el tiempo, sino ante una grave desproporción de carácter estructural entre la oferta asistencial y los recursos económicos que se destinan a ella». La central lamentó que solo un 34% de los nombramientos previstos en esos planes de choque corresponden a médicos cuando es el cuerpo que más déficit de plantilla sufre, y que las condiciones «no ayudarán a que las vacantes se cubran». «De hecho, desde hace años las ofertas de trabajo que el SAS ofrece a los médicos que terminan la especialidad son un fracaso», recordó el SMA, que insistió en que de ser ciertos sus temores se destinarán fondos que acabarán reforzando las plantillas de personal no facultativo.

Entonces, según alertó el sindicato, el Servicio Andaluz de Salud no tendrá dinero para «solucionar el problema porque lo habrá gastado en medidas ineficaces». El SMA indicó que este problema con el cribado de cáncer de mama «solo es la punta del iceberg» de una crisis de modelo que «ha fracasado», por lo que instó al consejero Sanz a que establezca «un diálogo franco y productivo con el colectivo médico y sus representantes».

De otro lado, el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, pidió a la Junta que colabore «sin cortapisas» en la investigación de oficio que ha iniciado tras conocerse «las graves disfunciones» detectadas en el programa de detección precoz del cáncer de mama. Maeztu aseguró que la investigación que ha realizado tuvo una primera parte el pasado jueves, cuando envió al Servicio Andaluz de Salud una petición de información que todavía no ha tenido respuesta, para señalar que ha iniciado este trabajo «con carácter urgente y preferente».

«Tenemos que recuperar la confianza en el sistema público de salud, que se ha perdido ante un programa que había funcionado», lamentó. A su juicio, «se ha quebrado el derecho a la información», y para averiguar qué ha pasado va a hacer «una investigación imparcial y neutral», remarcó el Defensor.