La Oficina Andaluza Antifraude amplía su plantilla ante la "tendencia alcista en la carga de trabajo"

La Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) ha aprobado una modificación de su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario de carrera a su servicio, para la creación de siete nuevas plazas con las que atajar la "tendencia alcista en la carga de trabajo" que se ha consolidado durante el presente año 2025. Así se recoge en un reciente acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía, con fecha del pasado 1 de octubre de 2025 y consultado por Europa Press, por el que se aprueba dicha modificación de la RPT de la Oficina Andaluza Antifraude con siete plazas de nueva creación.

El 31 de mayo de 2022, la Mesa de la Diputación Permanente de la Cámara andaluza aprobó la RPT del personal funcionario adscrito a esta Oficina que fue creada de la mano de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante. En dicha RPT se recogieron "los puestos de trabajo de personal funcionario que se diseñaron como mínimos, imprescindibles y esenciales para la puesta en funcionamiento" de la Oficina, algo que "se produjo de forma efectiva el 1 de junio de 2022", según recuerda el acuerdo de la Mesa del Parlamento del pasado 1 de octubre.

Dicha RPT "inicial y básica" fue ampliada en tres puestos, por acuerdo de la Mesa del Parlamento de 5 de julio de 2023, y en cinco puestos más por otro acuerdo del órgano de gobierno de la Cámara autonómica de 3 de abril de 2024, "todo ello como consecuencia del aumento exponencial de la carga de trabajo de la institución". Para justificar esta nueva ampliación de la RPT de la Oficina Andaluza Antifraude, el acuerdo de la Mesa del pasado 1 de octubre señala que "durante el presente ejercicio de 2025 se consolida la tendencia alcista en la carga de trabajo en las tres Subdirecciones en las que se organiza la OAAF, que son la de Asuntos Jurídicos, Prevención y Protección a la Persona Denunciante; la de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador, y la de Administración, Recursos Humanos, Gestión Económica y TIC.

Por esta "constatada elevada carga de trabajo", se está produciendo "un nivel de pendencia considerablemente alto y unos tiempos de tramitación excesivos, con respuestas tardías", pese a "la laboriosidad y dedicación de todo el personal de la Oficina, lo que lleva a la conclusión de la urgente necesidad, tanto de reforzar la actual plantilla como de realizar modificaciones en el Reglamento, a fin de dotar a los procedimientos de mayor agilidad", se sigue leyendo en el acuerdo del pasado 1 de octubre. También para justificar esta ampliación de plantilla se esgrime que "los principales objetivos que la OAAF tiene encomendados y que constituyen su razón de ser, especialmente el de la prevención", quedarían "seriamente comprometidos si no se acomete una reforma reglamentaria que alivie algunas actuaciones innecesarias o redundantes y que dé coherencia y uniformidad a determinadas actuaciones en el marco de la dirección de la Oficina y las subdirecciones".

Dicha reforma "ha de venir concretada de una nueva Relación de Puestos de Trabajo, con el fin de que los recursos humanos con que cuente la OAAF sean los adecuados para aliviar en el mayor tiempo posible el atasco detectado en los procedimientos y agilizar en adelante la tramitación de las denuncias", apunta también el acuerdo, donde se puede leer asimismo que "no es admisible que actualmente se encuentren pendientes 870 procedimientos en tramitación, de los que 800 corresponden a procedimientos de investigación y sus derivados". El tiempo medio de resolución de los asuntos "ronda el año, cuando la Ley 2/2021 fija un periodo de tres meses para la Administración local y seis meses para el resto de administraciones", y "todo ello sin contar con setenta procedimientos sancionadores pendientes, cuya tardanza puede provocar prescripciones indeseables", continúa advirtiendo el documento.

También señala el acuerdo de la Mesa del Parlamento, que viene firmado por el letrado mayor de la Cámara, Manuel Carrasco, que "las cerca de mil denuncias que, según la última Memoria, se recibieron en la OAAF, coadyuvantes en la generación de la anterior pendencia, nos indica que la existencia de la Oficina está calando en la ciudadanía, la cual no puede verse frustrada en tema tan delicado cuando observa que la maquinaria administrativa creada 'ex profeso' para luchar contra el fraude y la corrupción se vuelve insuficiente, cuando no inoperante". De esta manera, con la ampliación de la RPT en siete nuevos puestos dentro de su plantilla se "pretende dar solución a esta situación". Entre los puestos de nueva creación figuran cinco para personal funcionario; en concreto, cuatro asesores técnicos --de Investigación y Régimen Sancionador; de Asistencia Técnico-Jurídico al Denunciante; de Evaluación de Políticas Públicas, Análisis de Riegos y Proyectos de Integridad, y de Recursos Humanos y Administración General--, y un adjunto al Departamento de Tecnología y Seguridad de la Información.

Asimismo, esta última modificación de la RPT de la Oficina Andaluza Antifraude contempla la creación de otras dos plazas para personal funcionario; en concreto, la de un asesor técnico de Investigación, Protección y Prevención (Económico-Financiero), y otra para la Unidad de Tramitación Administrativa. De esta manera, la OAAF contará con dos puestos de dicha categoría de asesor técnico y con dos plazas en la Unidad de Tramitación Administrativa, toda vez que de cada una de esas categorías existía ya una plaza en la Oficina. Por otro lado, también en el contexto de la "situación actual de la pendencia de procedimientos de investigación", la Oficina ha dictado una instrucción esta misma semana --el pasado miércoles, 8 de octubre--, con "criterios de prelación" para la tramitación de dichos procedimientos.

Según expone el director de la Oficina Andaluza Antifraude, Francisco de Paula Sánchez, en dicho documento, consultado por Europa Press, "la situación actual de la pendencia de procedimientos de investigación, amén de la escasez de medios materiales y humanos para abordar los procedimientos de investigación, abocan a la necesidad de establecer criterios objetivos de prelación, priorización o tramitación preferente para aquellos procedimientos de investigación que versen sobre hechos de especial gravedad". En concreto, esta instrucción "tiene por objeto los procedimientos de investigación tramitados por la Subdirección de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador" de la OAAF, que, como "regla general", atenderá estos "por orden cronológico de creación de expedientes en la herramienta informática de la Oficina", si bien "alterará" dicha pauta "cuando así lo indique la Dirección (...) mediante resolución motivada --declaración de prioritario-- en aquellos procedimientos de investigación que versen sobre asuntos más graves".

Se considerará como "asuntos más graves" aquellos procedimientos de investigación en los que concurran circunstancias como que sean "hechos que pudieran afectar a la salud pública, menores de edad, discapacitados, población vulnerable, daños graves al medioambiente o afectación grave a la ordenación/ejecución urbanística", así como cuando versen sobre "hechos que, indiciariamente, parecieren constitutivos de delito". También, "cuando la premura del asunto" lo aconseje, o por la "elevada cuantía para el erario" que lleve aparejado, "cuando afecte de forma ostensible al buen gobierno en el sector público autonómico andaluz y local", o "cuando los hechos, por su grave trascendencia pública o su potencial para generar alarma social, pongan en riesgo la confianza en las instituciones públicas".