Los otros «Algarrobicos» ya demolidos

El Consejo de Ministros acaba de aprobar la declaración de utilidad pública de los terrenos donde se ubica el hotel El Algarrobico en el municipio de Carboneras, Almería, un símbolo del urbanismo desaforado que lleva dos décadas envuelto en una tupida maraña judicial. Se trata de un paso significativo para llegar a la demolición de este complejo levantado por la empresa Azata del Sol. Así lo adelantó la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, asegurando que «vamos a poner fin al mayor atentado medioambiental que ha sufrido este paraje natural».

Los ecologistas consideran este anuncio «irrealizable» y el Gobierno andaluz se felicita por el mismo, aunque «demuestra falta de lealtad con la Junta» al haber adelantado Montero una decisión que «no solo no se ha tratado en la comisión mixta de seguimiento, sino que va en otro sentido a los últimos acuerdos». Lo cierto es que otros macrocomplejos hoteleros y de apartamentos construidos ilegalmente en la costa sí han llegado a derribarse tras complejos procesos judiciales y mucha oposición por parte de sus promotores.

Es el caso del edificio de apartamentos Genoveses, también en el litoral almeriense. Comenzó a construirse en 1984 en el entorno de la Punta del Castillo, en San José (Cabo de Gata), junto a un acantilado con espectaculares vistas a la bahía de Genoveses. El Ayuntamiento de Níjar concedió la licencia de construcción en marzo de ese mismo año, a pesar de que invadía las servidumbres de tránsito y protección establecidas por la Ley de Costas. En el año 1994 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declaró nula la licencia de obras y en noviembre de 2005 el Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno firmaron el acuerdo para demolerlo.

El coste del derribo y de la posterior construcción de un mirador en el espacio que ocupaba el edificio ascendió a 800.000 euros. La indemnización a los promotores fue de 480.000 euros y, según el Reglamento de Haciendas Locales, debía salir del dinero particular de los concejales que votaron a favor de conceder la licencia ilegal. Para evitarlo, el Ayuntamiento aprobó la compra del edificio a los propietarios por una cantidad similar a la indemnización fijada.

También en el litoral andaluz, concretamente en la playa de Zahara de los Atunes (Cádiz), comenzó a levantarse el Gran Hotel Atlanterra. Era un edificio de nueve plantas a medio construir que nunca llegó a entrar en funcionamiento. Fue promovido en los años 70 por una empresa alemana y, tras la aprobación de la Ley de Costas en 1988, quedó situado en dominio público marítimo terrestre. En 2002 fue derribado mediante voladura, apretando el botón el entonces ministro de Medio Ambiente Jaume Matas. El coste del derribo ascendió a 1.653.000 euros y en apenas cinco segundos quedó reducido a escombros.

Sin embargo, la operación de más envergadura tuvo lugar en Cataluña, interviniendo varias administraciones públicas. Se trataba del Club Med, enclavado en el Cap de Creus en Cadaqués (Gerona), un espectacular complejo turístico integrado por un total de 440 chalés, edificios con piscinas e incluso un anfiteatro. Se construyó en 1962, coincidiendo con el boom del turismo, y el entorno se declaró Parque Natural en 1998. En 2003 Club Med cesó la actividad y en 2005 el Ministerio de Medio Ambiente anunció que, después de años de negociaciones con la propiedad, compraba el complejo por 4,4 millones de euros. Entre 2008 y 2010 se derribó y, posteriormente, se procedió a restaurar el paisaje. El coste de toda la operación ascendió a 11 millones de euros.

En Llanes (Asturias), concretamente en la playa de Barro, se levantaba el denominado «pequeño Algarrobico asturiano». El hotel Kaype tenía cuatro plantas y su demolición tuvo lugar en 2017 tras la anulación de sus licencias. La urbanización El Alto del Cuco, en Piélagos (Cantabria), y los apartamentos Ses Covetes (Mallorca) corrieron la misma suerte.