El Gobierno de España no aporta en ninguna comunidad autónoma la mitad de la financiación que le corresponde para pagar las prestaciones reconocidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a personas en situación de dependencia (Ley de Dependencia). De hecho, según datos del Imserso, de los 100.000 millones de euros certificados desde 2012 y hasta 2024 en el conjunto del Estado – los datos oficiales no incluyen la aportación que entre 2007 y 2011 realizaron las comunidades autónomas–, la Administración General destinó menos de 30.000 millones, es decir, en torno al 30 por ciento.

En el caso concreto de Andalucía, el Imserso detalla que se han certificado 16.347 millones entre 2012 y 2023, a los que habría que añadir 2.117 del año pasado. De esa suma, la aportación de la Administración General del Estado sería de 4.779 millones mientras que la de la Junta de Andalucía ascendería a 13.648 millones –un 26% frente a un 74%–.

La realidad es que ni los Gobiernos de Rajoy ni los de Pedro Sánchez han cumplido con la norma y la financiación de este derecho ha recaído en las comunidades autónomas. Y ahora se ha ido más allá porque el Gobierno de España ha firmado con el Gobierno vasco un compromiso para aportar la mitad de los fondos para sufragar la ley de dependencia en esa comunidad autónoma.

Tal y como publicó este periódico, el pasado día 10 de abril se celebró en Madrid la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico que integran la Administración General del Estado y el Gobierno vasco, presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En esta cita se firmó una financiación complementaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el País Vasco, tal y como quedó reflejada en el acta de misma. En concreto, se pactó que la financiación a cargo de la Administración General del Estado alcanzará anualmente el 50% del gasto total que las administraciones vascas certifiquen al Imserso por la gestión del Sistema de la Dependencia sobre los conceptos y conforme a la metodología que se acuerde entre ambas administraciones.

Este mismo acuerdo, aunque no aún no se ha formalizado en un pacto entre administraciones, está pactado entre el PSOE y los independentistas catalanes.

El acta rubricada por María Jesús Montero, secretaria general del PSOE andaluz, incluye un blindaje ante cualquier incumplimiento porque garantiza que la financiación a cargo del Estado alcanzará el citado porcentaje en el año 2027, al tratarse del último ejercicio de la legislatura, y asegurando que, si no hay nuevas cuentas tampoco para 2026, la comunidad vasca reciba en todo caso una financiación adicional del Estado de 50 millones de euros en ese ejercicio.

En este sentido, hay que señalar que la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) consideró recientemente «discriminatorio e inadmisible» el acuerdo firmado entre el Gobierno de España y el Gobierno Vasco y exigió el mismo trato para el resto de comunidades autónomas. Eso es precisamente lo que va a votarse mañana miércoles en el Parlamento andaluz, un día antes de que el presidente Juanma Moreno comparezca en la Cámara en un debate sobre política general con representantes de todos los grupos.

Así, el PP ha presentado una Proposición no de Ley para que Andalucía reciba el mismo trato que el País Vasco por parte del Gobierno de España. El texto recuerda que Andalucía gestiona el mayor sistema de dependencia en España y que Moreno «ya incluyó entre las peticiones dirigidas al presidente del Gobierno de España, durante la reunión mantenida en Moncloa hace ocho meses, que la Administración central asuma su parte correspondiente para el sostenimiento del sistema». Sin embargo, dicha reclamación «hasta la fecha», no ha sido «atendida» ni se han «acordado compromisos expresos». Así, el PSOE tendrá que votar si avala el acuerdo entre el Gobierno de España y el País Vasco o, si por el contrario, apuesta por ampliarlo al resto de autonomías, incluida Andalucía.

La PNL considera que este pacto bilateral supone «un inaceptable agravio discriminatorio y una vulneración flagrante de los principios constitucionales de igualdad y de justicia social, que atenta contra la dignidad y bienestar de las personas dependientes y supone una amenaza para la sostenibilidad y la cohesión territorial del sistema público».

Según los datos del PP, solo entre 2019 y 2024, la Junta aportó a la dependencia 8.383 millones de euros, mientras que el Gobierno asumió 3.705 millones, 4.678 milloners menos.