La quita de deuda no supone ni el 10% de la infrafinanciación anual para Andalucía

El debate sobre la condonación de la deuda autonómica volvió a situarse ayer en el centro de la agenda política. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, acusó de nuevo al Ministerio de Hacienda de plantear una «trampa» que se traduce en «papel mojado» para Andalucía y advirtió de que el Gobierno andaluz «no se va a callar».

En una intervención ante los medios durante su visita a las obras de la prolongación del Metro de Málaga, España aseguró que la condonación aprobada en Consejo de Ministros no supone apenas ingresos adicionales para la comunidad y que «Andalucía no había pedido» esa medida, a diferencia de Cataluña, que sí lo hizo. Además, añadió que «no trae consigo ningún euro adicional, dinero real para hacer inversiones como metros u hospitales».

140 millones de euros frente a un ahorro de 1.528 millones

La titular de Economía recordó que la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había reconocido días atrás que los 18.000 millones en los que se cifraría la quita de la deuda andaluza eran «prácticamente un ajuste contable». Según España, esa operación se limita a trasladar deuda «de una administración a otra» y, en consecuencia, no supone recursos para reforzar servicios básicos. En sus cálculos, el ahorro real se situaría en 1.400 millones de euros en diez años, es decir, 140 millones anuales. Una cifra que, subrayó, queda muy lejos de los 1.528 millones que, según la Junta, Andalucía deja de percibir cada año para situarse en la media de ingresos por el sistema actual de financiación autonómica.

Un ahorro que no puede destinarse a servicios sociales

La portavoz del Gobierno andaluz incidió en que esos 140 millones de ahorro «no se pueden gastar en el Estado del bienestar, en médicos, ni en profesores, ni en hospitales, ni en metros, ni en viviendas, ni en inversiones». Recordó que así lo establece el propio anteproyecto de ley para la condonación de deuda que el Gobierno sacó a consulta pública, en el que «claramente se decía que el ahorro de intereses nunca podrá destinarse a incrementar el gasto de las comunidades autónomas».

«Por lo tanto, solo se podría utilizar para reducir deuda», advirtió para recalcar después que «no nos van a callar a Andalucía, porque al final lo que está planteando es una trampa para que aceptemos 140 millones de euros al año que no se pueden gastar nada más que a reducir deuda, frente a 1.528 millones que nos quitan todos los años y que sí lo podemos gastar en nuestros vecinos».

España insistió en que guardar silencio supondría «una estafa y traicionar la confianza que nos dieron los ciudadanos» y volvió a reclamar la reforma del sistema de financiación autonómica. «La condonación solo le interesa a Cataluña, no solo por la deuda tan elevada que tiene, que es más del doble de la que tiene Andalucía, sino porque lleva acompañada financiación», denunció. En esta misma línea, acusó al Ejecutivo central de «tratar de jugar con las comunidades autónomas al Monopoly, dándonos papel mojado que no sirve para gastarlo en el bienestar de los ciudadanos».

Estas declaraciones fueron contestadas por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que habló de «falsedades» por parte de la Junta. Fernández defendió que la condonación es «una medida que solo aporta ventajas para la comunidad autónoma, se mire por dónde se mire» y recordó que el Estado asumiría 18.791 millones de deuda, lo que supone «reducir su pasivo un 49%, siendo la comunidad más beneficiada». El delegado subrayó además que se generaría «un ahorro de en torno a 300 millones de euros de intereses» y que contar con menos carga de deuda facilitaría el acceso a financiación más barata en los mercados.

Por su parte, el PSOE-A anunció que el jueves de la semana que viene defenderá en el Parlamento una proposición no de ley para instar a la Junta a aceptar la medida. Los socialistas insisten en que la asunción de la deuda por parte del Estado permitiría «reducir en casi la mitad el endeudamiento autonómico y generar un ahorro estimado de 1.400 millones en intereses». Así, el debate, lejos de cerrarse, llegará al Parlamento andaluz, donde socialistas y populares volverán a confrontar sus argumentos en un curso político marcado por las tensiones territoriales y el calendario electoral.