Radiografía del voluntariado: un sector cada vez más profesional pero con un "compromiso más débil"

El segundo borrador del I Plan Estratégico Integral del Voluntariado y la Participación Ciudadana en Andalucía 2023-2026 contempla una inversión de 33,4 millones de euros hasta el fin del mismo. En la iniciativa, liderada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, también participan los departamentos de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa; Desarrollo Educativo y Formación Profesional; Salud y Consumo; Turismo, Cultura y Deporte; Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul; y Justicia, Administración Local y Función Pública.

En el informe, se radiografía la evolución de los diferentes aspectos políticos, normativos, sociales, demográficos y tecnológicos vinculados a los procesos del voluntariado y la participación social y ciudadana que han configurado los sistemas de gestión de la participación y el voluntariado en España y Andalucía en los últimos años.

Además, se ha evaluado y consultado a diversas entidades representativas del Tercer Sector, fundamentalmente a aquellas que han contado con un mayor presupuesto concedido en las convocatorias públicas de ayudas de la Junta de Andalucía y que, por tanto, canalizan el grueso de la acción voluntaria organizada.

Fruto de ese trabajo, el borrador concluye que el Tercer Sector «ha experimentado un proceso de profesionalización que ha orientado en gran parte sus actividades hacia la prestación de servicios y la implementación de programas». Esta circunstancia se ha traducido en «una menor presencia relativa del personal voluntario en las entidades sociales, junto con una vinculación más instrumental, relacionada con la aplicación de determinados programas».

Uno de los testimonios recogidos así lo apunta: «Muchas personas que hace 20 años canalizaban sus inquietudes a través del voluntariado, de pronto se han dado cuenta de que trabajar en el sector social es una posibilidad real donde uno puede organizar su vida profesional».

Todo esto ha repercutido en que la gestión del voluntariado «se ha profesionalizado». El trabajo apunta a factores como «los controles externos, los códigos de buenas prácticas, los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad, o los requisitos para obtener financiación, entre otros factores, han impulsado la aplicación de protocolos en la participación del personal voluntario» y afecta «a los procesos de captación, formación, mantenimiento y evaluación de la acción voluntaria organizada».

Como consecuencia, la realidad es que se ha aumentado «el grado de regulación y exigencia del voluntariado, concebido como un recurso humano complementario al personal estable de la organización».

Entre los resultados de su análisis, el informe señala que este contexto «coincide con el auge de las formas de participación episódica, puntual o instrumental» o lo que es lo mismo: «La participación expresada a través de un compromiso estable e integral con las organizaciones sociales ha ido dando paso a colaboraciones puntuales, en programas específicos y por un periodo más corto de tiempo. Se trata de aportaciones con un nivel de compromiso más débil».

El objetivo que plantean las entidades es «reforzar el compromiso con la organización, para garantizar la sostenibilidad de la participación y profundizar en el tipo de relación que las personas voluntarias mantienen con el entorno comunitario».

El plan de la Junta, que aún no está aprobado, tendrá que dar respuesta a todas estas inquietudes y garantizar la viabilidad del sector. De momento, plantea cuatro ejes: sensibilización e implicación comunitaria; educación para la participación; gestión de la participación; y desarrollo de coaliciones comunitarias.