Sociedad
La "estabilidad" de los conciertos sociales para el Tercer Sector
Las organizaciones prevén que la Junta continuará con la colaboración público privada en la atención temprana y las residencias de salud mental
La Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León pone en valor los conciertos sociales, que están regulados desde hace más de un por un decreto aprobado por la Junta. "Ofrecen estabilidad a las entidades sin ánimo de lucro a la hora de prestar los servicios durante cuatro años, que pueden ser ampliados otros tantos", destacan, si bien, advierten que la competencia con la empresa privada dificulta “gravemente” la llegada de la sostenibilidad económica de las organizaciones sociales.
Actualmente, la norma no distingue la intervención de entidades sin ánimo de lucro de contratistas privados y lucrativos, con los que las organizaciones del Tercer Sector Social concurren en régimen de igualdad. La Plataforma valora que la Junta pretende favorecer a las entidades sociales con criterios tales como el arraigo social con asociaciones con más de 60 años de historia, la promoción del voluntariado o las buenas prácticas en el ámbito de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral e igualdad de oportunidades.
Asimismo, el decreto establece, que en caso de empate tendrán preferencia las entidades sin ánimo de lucro, y en el caso de que ese empate se reproduzca, se optará por la que forme parte de la Red de Protección a familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León.
Las cerca de 4.000 entidades del Tercer Sector Social existentes en Castilla y León son las encargadas de más de 5.000 servicios y ven la concertación como una fórmula para sustituir las tradicionales subvenciones del sector, más inestables y con más limitaciones, por concertaciones que aportan una mayor seguridad y, como consecuencia, su fortalecimiento.
La Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León siempre ha valorado el concierto social como una fórmula de colaboración público-privada “idónea” para la prestación de servicios sociales de calidad y para mejorar su estabilidad, especialmente en las condiciones en que se ofrecen por las entidades sin ánimo de lucro. Por ello, apoyándose en argumentos jurídicos de la normativa europea, estatal y autonómica, demandó que fuera un instrumento válido y exclusivo para entidades sin ánimo de lucro.
Sin embargo, no fue posible al existir dos limitaciones como que excluir a la empresa puede limitar la libre prestación de servicios y restringir la competencia y que la Ley de Servicios Sociales contempla a las compañías privadas.
"La forma de “progresar es prestar una calidad en los servicios", señala Juan Pérez, presidente de la entidad en Castilla y León, en declaraciones recogidas por Ical, para quien las organizaciones del Tercer Sector van a hacer un esfuerzo “extraordinario” para estar a la altura de las “circunstancias”, incluido su apuesta por la innovación para ser “punteros”.
Pérez se expresaba así antes de inaugurar una jornada informativa sobre cómo ha afectado la aprobación del decreto de conciertos sociales en Castilla y León, celebrada en la sede del CES, en la que defendía que el modelo de concertación aportará una “uniformidad” en toda la Comunidad, con independencia de la provincia, por lo que favorecerá al usuario al asegurarse la prestación de servicios en el territorio.
"El decreto de concertación es joven, por lo que todavía no se han concertado muchos servicios", señala el dirigente, quien, sin embargo, destaca la “intención” de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de comenzar a concertar de “forma masiva”.
Respecto a los siguientes servicios que concertará la administración, Pérez enumeraba la atención temprana y las residencias de salud mental, que se extenderá a otros.
Por su parte, el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, significaba que el modelo de concertación es “muy interesante” y que debe seguir creciendo. Manifestó que permitirá fortalecer la estructura del Tercer Sector aunque también les requerirá mayores exigencias. En todo caso, confiaba en el papel de las organizaciones que están “muy bien” preparadas, que llegarán de manera eficiente para las personas que reciban las prestaciones.
Cabero valoraba que las entidades son “imprescindibles” para la prestación de los servicios, que es un sector “muy” profesionalizado, que permite cubrir un territorio tan extenso como la Comunidad, que se complementa con el voluntariado.
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