Recurso socialista a un decreto de la Junta avalado por el Gobierno

El pasado mes de febrero el Pleno del Parlamento andaluz convalidó el denominado decreto de simplificación administrativa, un texto que modifica 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes y reduce un 90% el número de aplicaciones que se utilizan en la Junta, pasando de tener más de 1.000 a menos de 100. Además, recoge casi 450 medidas para mejorar la relación entre los ciudadanos y la Administración, con el objetivo de acabar con la maraña administrativa. El PSOE considera que «sobran las razones, tanto de forma como de fondo» para recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. De hecho, un grupo de 50 senadores, entre los que se encuentra el también secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, tiene previsto formalizar este recurso al entender que es «una muestra más del ejercicio abusivo de la mayoría absoluta» del Ejecutivo de Juanma Moreno.

Lo cierto es que el decreto-ley 3/2024 fue avalado por el Gobierno, que solo ha planteado dudas sobre un artículo referido a una declaración responsable en competencias de la Consejería de Fomento.

Pero al PSOE le da igual que el Ejecutivo central vea con buenos os ojos este texto. Según el portavoz adjunto del partido en Andalucía, Josele Aguilar, la Junta ha cometido «una chapuza desde el punto de vista jurídico» con este decreto-ley que es «un monumento a la incompetencia del Gobierno de Moreno», y en el que no se da el requisito de «extraordinaria y urgente necesidad» que justifique su elaboración, porque el Ejecutivo andaluz se ha llevado «año y medio» para aprobarlo desde que se anunciara en septiembre de 2022.

El portavoz socialista recordó que el texto ya ha sido rectificado en cuatro ocasiones por el propio Gobierno andaluz desde su aprobación en febrero y criticó el «uso y abuso» de la legislación a través de la figura del decreto-ley que, en su opinión, está cometiendo el Gobierno de Juanma Moreno. Tal y como indicó, en dos años y medio la Junta ha aprobado 29 decretos-leyes, frente a once leyes de tramitación parlamentaria ordinaria. En este sentido, Aguilar acusó al presidente andaluz de «despreciar» al Parlamento y de «imponer su criterio».

Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, lamentó el « interés político» de los socialistas con su iniciativa. «No quisiera pensar que el partido quiera seguir apostando por la burocracia, que esté en contra de la simplificación administrativa o en ponerlo fácil a los inversores», apuntó. Además, aseguró estar encantado de negociar ese artículo» y se mostró «convencido de llegar a ese acuerdo». Junto a ello, hizo balance de la controversia jurídica entre la Administración autonómica y estatal. Explicó que el Gobierno ha presentado 16 recursos en el Constitucional contra medidas de la Junta de Andalucía, y «en 14 hemos llegado a un acuerdo en la comisión mixta», mientras que en los dos asuntos restantes el Gobierno acabó por no presentar recurso.

«Las normas se hacen de acuerdo a las leyes, a la Constitución», aseveró Fernández-Pacheco para ilustrar la forma de proceder de la Junta en la elaboración de sus normas.

Al margen de la controversia jurídica, el Gobierno andaluz publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) dos correcciones de errores de este decreto-ley. Ambas se refieren a cuestiones sobre la valoración de la dependencia, de menor enjundia que la anterior que se publicó hace 16 días y que alcanzaba las 20 páginas del BOJA.