Sevilla borra la huella de Queipo un año después de la exhumación

De madrugada, con los familiares y algunos miembros de la hermandad presentes y con el templo cerrado a cal y canto. Se cumple un año de la exhumación del general franquista Gonzalo Queipo de Llano, de su esposa Genoveva Martí y del auditor de guerra Francisco Bohórquez de la basílica de la Macarena, unos trabajos que mantuvieron en vilo a Sevilla y que generaron una efímera polémica que se disolvió horas después, cuando la Secretaría de Estado de Memoria Democrática recibió el informe sobre la incineración de los restos. Ahora, ninguna institución recordará este hecho, ni siquiera la hermandad que ejecutó la orden del Gobierno de sacarlos. Precisamente, la cofradía ha cubierto los enterramientos borrando así cualquier vestigio. Ya no queda nada que recuerde a los militares franquistas en una iglesia que acoge diariamente un incesante trasiego de fieles y curiosos.

Muchos todavía recuerdan el ruido de los taladros retumbando entre los muros del templo. Un sonido que anticipaba el cumplimiento del artículo 38.3 de la ley de Memoria Democrática. Según el texto legal, «los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil o la Dictadura».

Semanas antes, el Gobierno dio un ultimátum a la hermandad, instando a ejecutar la exhumación «como muestra de respeto hacia las víctimas y sus familiares, y en cumplimiento de lo previsto en la nueva ley, es obligado poner fin a esta situación». La corporación aprovechó el momento más adecuado, trasladado ya el paso de la Virgen del Rosario a las dependencias de la hermandad y una vez celebrada la misa de difuntos, que congrega cada año a numerosos fieles. Se retiraron los bancos y el recinto sagrado quedó expedito para que los operarios pudieran trabajar con comodidad.

Los familiares de ambos militares se dieron cita en el templo la noche del 2 de noviembre. Primero fueron exhumados los restos de Bohórquez, que se encontraban en un enterramiento ubicado en el presbiterio, tapado con una alfombra. Luego se procedió a sacar los de Queipo y su esposa. Sendos coches fúnebres salieron de un templo a oscuras, mientras los familiares gritaban «viva Queipo».

Esta consigna fue rápidamente contestada por Paqui Maqueda, miembro de la asociación «Nuestra memoria de Sevilla» y nieta de uno de los asesinados por orden del general. Maqueda permaneció discretamente fuera de la basílica contemplando el trasiego fúnebre. «Honor y gloria a las víctimas del franquismo. Ayer, hoy y siempre. El responsable fue Queipo, fue su asesino. Cumplimos una deuda histórica. Ellos siguen en las cunetas tirados», decía mientras los familiares se retiraban, repitiendo algunos nombres de los represaliados.

Esta exhumación en nada se parece a la de Franco en octubre de 2019. Entonces, la ministra de Justicia Dolores Delgado presenció los trabajos en calidad de Notaria Mayor del Reino. La operación se realizó en la más estricta intimidad, con los familiares y los miembros del Gobierno como testigos en el Valle de los Caídos. Luego, el féretro fue sacado a hombros hasta el exterior, introducido en un coche y trasladado en helicóptero hasta el cementerio de Mingorrubio. Allí reposan los restos junto a los de su esposa Carmen Polo, en la cripta de un panteón de Patrimonio del Estado. Este lugar solo puede ser visitado con autorización, incluso la familia tiene que pedir permiso con 48 horas de antelación.

Los restos exhumados de la basílica de la Macarena fueron incinerados aquella misma mañana en el tanatorio del municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra. Se desconoce su ubicación definitiva, ya que las familias han venido guardando celosamente esta información.

La hermandad, posteriormente, emitió un comunicado pidiendo «ser dejada al margen de cualquier polémica ideológica y política ajena» a sus fines y «desaparecer del foco mediático» una vez resuelta la exhumación. La cofradía reiteró su «compromiso con las leyes en un estado democrático, no habiéndose situado en ningún momento de estos años al margen de la ley; de hecho, han sido numerosos los estudios e informes jurídicos que ‘motu proprio’ ha venido solicitando constantemente y que coincidían en situarla siempre dentro de la legalidad vigente».