Los sindicatos, «aliados» para la reforma del sistema de financiación

La imposibilidad de que el PP y el PSOE alcancen un acuerdo para garantizar la gobernabilidad en España anticipa que solo hay dos alternativas: un Ejecutivo socialista apoyado por los nacionalistas o la repetición electoral. En la primera de las hipótesis, uno de los asuntos que más preocupan en las comunidades autónomas –al margen de la amnistía– son los acuerdos que el nuevo Gobierno pueda alcanzar con Cataluña para propiciar un nuevo modelo de financiación autonómica o una quita de la deuda que profundice la brecha entre las regiones e impulse una España más asimétrica.

Por ese motivo, la financiación autonómica será uno de los asuntos principales que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tratará con los responsables de las formaciones políticas el próximo 8 de septiembre en la ronda de contactos que abrirá oficialmente el diálogo político tras el verano. Pero la financiación no es un asunto que incumba en exclusiva a los partidos, sino que desde hace muchos años, tanto Moreno como sus antecesores en el cargo, han buscado el apoyo de sindicatos y organizaciones sociales y empresariales para reformar un sistema que hace que Andalucía pierda en torno a 1.000 millones de euros al año.

Los sindicatos UGT-A y CC OO-A siempre se han mostrado a favor de reformar el sistema de financiación autonómica y han admitido que el actual y todavía vigente –aprobado y negociado por el Gobierno de Zapatero con el apoyo de ERC– perjudica los intereses de la comunidad, lo que se traduce en menos dinero para dedicar a la sanidad, la educación y los servicios sociales de los andaluces.

En 2017, también a la vuelta de las vacaciones de verano, la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz, abrió una ronda de contactos con los sindicatos y organizaciones empresariales como la CEA para reclamar su implicación en la reforma del sistema de modelo de financiación. La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, hoy diputada socialista por Sevilla en el Congreso de los Diputados, fue la encargada de abrir esa ronda de contactos, anunció su respaldo a la iniciativa e incluso se mostró dispuesta a convocar movilizaciones si se encalla la negociación, aunque defendió que primero había que agotar la vía del diálogo.

Castilla justificó su posición porque «no podemos consentir que haya diferencias entre ciudadanos por el lugar de nacimiento» y apuntó que el modelo de financiación –que sigue siendo el mismo– «no es igualitario ni solidario y debe haber cohesión y solidaridad entre territorios».

Por su parte, CC OO-A, que también se sumó al acuerdo político entonces, llegó incluso a organizar un ciclo de conferencias en febrero de 2018 para reclamar un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice la igualdad, convergencia y desarrollo del Estatuto de Andalucía.

Pese al posterior cambio de Gobierno tras la moción de censura contra Rajoy, UGT y CC OO han seguido mostrando su apoyo a un nuevo modelo de financiación «justo» con Andalucía y así lo han manifestado en los acuerdos alcanzados con el actual Gobierno que preside Juanma Moreno.