Una solución «rápida, real y efectiva» para El Algarrobico

La Junta de Andalucía mueve ficha después de que la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, anunciara la intención del Ejecutivo central de expropiar el hotel El Algarrobico, ubicado en la localidad almeriense de Carboneras, para «poner fin al mayor atentado medioambiental que ha sufrido este paraje natural». De esta manera, la Administración autonómica ha convocado para el próximo 4 de marzo la comisión mixta de seguimiento de este asunto para tratar de buscar una solución «rápida, real y efectiva», tal y como anunció ayer la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. La Junta se cita con el Ejecutivo central para visualizar su voluntad de diálogo, un ofrecimiento que hace extensible al Ayuntamiento de Carboneras como parte implicada.

A juicio de España, el objetivo es encontrar una solución «de manera conjunta» entre las tres administraciones y que se haga «de la forma más rápida posible». No obstante, la también consejera de Economía y Hacienda calificó este tema de «galimatías judicial» y recordó que ha sido heredado de los anteriores gobiernos socialistas. De hecho, este enredo dura ya casi dos décadas tras múltiples pronunciamientos judiciales y recursos por parte de la promotora.

«Necesitamos diálogo, realismo y pragmatismo para encontrar soluciones y que estos asuntos no se enquisten», subrayó España, quien recordó que en la comisión mixta están representadas las consejerías de Sostenibilidad y Fomento, y por parte del Gobierno el Ministerio de Transición Ecológica. La última reunión de la comisión tuvo lugar el 11 de marzo de 2024, acordándose que la solución «idónea» al problema del Algarrobico era la de la revisión de la licencia por parte del Ayuntamiento de Carboneras, y que durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se inició el procedimiento de expropiación que luego se archivó.

El motivo, según España, es que se aludió a que el «método más rápido» era el de la declaración de nulidad de la licencia, por lo que dijo no entender el motivo por el que se pone «encima de la mesa» la expropiación, salvo que lo único que se esté buscando en este momento es «el golpe de titular». En este punto, la portavoz aseguró que la Junta ha contactado con el Consistorio para que se cumpla la sentencia judicial que pide la revisión de la licencia. En cuanto al derecho de retracto, España matizó que se debe hacer sobre el suelo y explicó que en su momento no se hizo porque la empresa promotora, Azata del Sol, lo recurrió. Actualmente, según el relato de la portavoz, no es aconsejable porque los servicios jurídicos de la Junta creen que estudiar la vía civil es «complicada» y se podrían dilatar más los plazos.

Sin embargo, la revisión de la licencia por parte del Ayuntamiento parece que no es un asunto tan sencillo. De hecho, el alcalde del municipio, Salvador Hernández (Cs), aseguró recientemente que este proceso podría demorarse hasta cinco años, así que abogó por una solución «negociada» entre las administraciones y la promotora. «La solución más viable no pasa por la revisión de oficio», señaló el regidor, puesto que debe contar con un trámite de audiencia y esto «nos puede llevar otros tres, cuatro o cinco años». «No me cabe duda de que unos y otros presentarán alegaciones y plantearán las propuestas que consideren oportunas», explicó el alcalde ante la posible acción de los grupos ecologistas, la propia promotora y el resto de instituciones implicadas en el proceso, al tiempo que aludió a los recursos técnicos con los que dispone el Ayuntamiento de un municipio de apenas 8.300 habitantes.

Los ecologistas, por su parte, también abogan por el consenso y desconfían de la vía planteada por el Gobierno, que podría desembocar en un «bloqueo» en los tribunales. La Asociación Salvemos Mojácar ya aseguró que, si Azata o el Ayuntamiento recurren la expropiación planteada por el Gobierno, el proceso «podría demorarse muchos años», de modo que proponen llegar a acuerdos como nombrar a «un perito tasador que sea aceptado por las partes implicadas».

«No vemos que se estén tomando medidas creíbles a tal efecto y para impedir un bloqueo en los tribunales», indicó la organización, además de apuntar que «ya en 2009 el Gobierno de Zapatero, con la ministra Elena Espinosa, archivó el expediente de expropiación iniciado por la ministra Cristina Narbona en 2007».