El TC también quiere "perdonar" la malversación al que fuera responsable andaluz de Empleo

La ponencia del Tribunal Constitucional plantea estimar parcialmente el recurso del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, lo que reduciría considerablemente su condena por los ERE de siete años y 11 meses por prevaricación en concurso con malversación.

El Pleno resolverá la semana próxima el recurso de Fernández junto al de otros cuatro condenados por los ERE, entre ellos el de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años de prisión, cuya ponencia propone exonerarla completamente del delito de malversación por el que fue condenada a seis años de cárcel.

Una tendencia que sigue en parte también el recurso de Fernández, según recoge la ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que acumula los doce recursos de los condenados que recurrieron a la corte de garantías y que, en este caso, propone la estimación parcial de todos los hechos que han motivado la condena por malversación con dos excepciones.

Porque la ponencia de Fernández, según fuentes consultadas por EFE, propone reducir la malversación a los años 2000 y 2001 y a un grupo de ayudas que se desviaron a otros fines ajenos a la partida presupuestaria 31L, denominada "fondo de reptiles".

Quedarían fuera del perdón "los actos de presupuestación y gestión que realizó antes de que las leyes de presupuestos hubieran incorporado el concepto de transferencia de financiación al IFA/IDEA como instrumento apto para la concesión y pagos de ayudas sociolaborales" que abarcan los años 2000 y 2001

Y las disposiciones de fondos ordenadas en el ámbito de la Consejería de Empleo enmarcadas en el fondo 31L pero que "excedieron su ámbito de cobertura en tanto que se hicieron en ausencia de fin público o para fines distintos de los previstos en dicho programa".

En síntesis, la ponente plantea anular su condena para que la Audiencia de Sevilla dicte una nueva con los hechos que acota el Constitucional, lo que supondría una rebaja consideraba de la pena.

El TC esta revisando la pieza política de los ERE, que juzgó la creación y mantenimiento de un sistema ilegal de subvenciones que se prolongó durante más de una década (2000-2011) para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que permitió el reparto arbitrario de hasta 680 millones de euros.

Anulado casi en su totalidad el delito de prevaricación, tras el estimar parcialmente el recurso de la exministra y exconsejera andaluza, Magdalena Álvarez, y con unas ponencias que proponen exonerar o, en su caso, reducir sustancialmente las condenas por la malversación, la sentencia de lo ERE quedaría prácticamente en nada