Cristina llegó desde su Paraguay natal a España en 2010 en busca de una vida mejor. Se estableció en la provincia de Sevilla y pronto conoció a Cándido, con el que tuvo dos hijos. Su relación, casi desde el inicio, estuvo marcada por las vejaciones y los malos tratos, hasta que Cristina decidió denunciarle. No ha sido la única. Las dos anteriores parejas de Cándido también le demandaron por lo mismo.

Sin embargo, el caso de esta mujer paraguaya ha marcado un punto de inflexión, ya que ha puesto sobre la mesa la indefensión a la que se enfrentan las víctimas de violencia de género por la llamada Ley Trans de la ministra Irene Montero. La norma, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en febrero de 2023, fue diseñada para proteger los derechos de las personas transexuales al permitirles cambiar su nombre y sexo registral sin necesidad de informes médicos y psicológicos. El problema es que está siendo utilizada por los maltratadores para bordear la Ley de Violencia de Género.

En este caso, Cándido cambió su género en el registro para tener que responder ante un juez ordinario por violencia doméstica, ya que las penas son menores. «Este caso no será el último hasta que no se cambie la Ley Trans o se perfilen los errores», denuncia el abogado de Cristina, José Antonio Sires. Su defendida, apunta, «ahora respira aliviada y sus hijos también» ya que Cándido, tras un largo periplo judicial, se encuentra en prisión. «Pero todo lo que ha pasado, no solo el proceso judicial, sino los 10 años de insultos, vejaciones, maltratos, amenazas con llamadas ocultas, le han mermado mucho psicológicamente».

El largo camino para meter a su maltratador en la cárcel comienza en 2019. Ese año, Cándido es condenado a 15 meses de prisión por un delito continuado de quebrantamiento de alejamiento de la víctima y amenazas graves, y pide que le restituyan la pena por trabajos sociales «acudiendo a la Audiencia de Sevilla para ganar tiempo», explica el abogado.

La Audiencia estipula que la sentencia es correcta, que debe entrar en prisión, pero en ese intervalo de tiempo Cándido utiliza una treta legal para eludir la pena. Solicita el cambio de género en el registro y en agosto de 2023 el juzgado de Carmona se lo concede. A partir de ese momento, pasa a ser Candy.

«Ahí es cuando solicita que le anulen la condena de malos tratos porque ahora es mujer, pero el juez se niega y le responde que los hechos se enjuiciaron antes de su cambio de género, por lo que se le debe aplicar la ley de Violencia de Género», apunta José Antonio Sires. Consciente de que se le acababan los recursos, «solicita en 2024 al Ministerio de Justicia el indulto», pero tampoco se lo conceden: «Se opusieron tanto el juez como la Fiscalía ya que coincidieron en que se trataba de un ánimo dilatorio del condenado para no cumplir su condena».

Candy, en un callejón sin salida, «se fuga, supuestamente a Marruecos, y no acude a las distintas requisitorias, de hasta cinco juzgados distintos, alegando falta de medios para regresar». «Todo el mundo sabía que no estaba en Marruecos, la primera, la víctima», asegura el letrado, quien denuncia que durante todo este tiempo su defendida, Cristina, ha estado «recibiendo llamadas de números ocultos en las que solo escuchaba una respiración».

El cerco sobre Candy se estrechaba hasta que una patrulla de agentes de la Policía Local de Espartinas le reconoce en un bar y lo detiene. «Él les contesta que no es Cándido, que es su hermano, pero los agentes, tras comprobar su identidad, se lo llevaron al cuartel de la Guardia Civil». El juzgado de Sanlúcar la Mayor decidió su ingreso inmediato en prisión, en Sevilla I, y «a petición suya entra en el módulo de mujeres». Según el abogado, «Instituciones Penitenciarias le ruega que, voluntariamente, pase al de hombres para evitar conflictos» y él, finalmente, acepta.

Con Cándido entre rejas, ahora Cristina «respira aliviada», aunque «no puede evitar tener miedo cada vez que cruza una esquina» por si se vuelve a encontrar con su maltratador.

Aunque esto supone una victoria para ella, sabe que el periplo judicial contra el padre de sus dos hijos no ha terminado. Candy se agarra a su cambio de género para solicitar la nulidad de otra causa por insultos, vejaciones y quebrantamiento del alejamiento sobre Cristina y por la que se enfrenta a cuatro años de cárcel. El abogado José Antonio Sires ha pedido el amparo del Tribunal Constitucional para que estos hechos, de 2022, sean juzgados también por un juzgado de Violencia sobre la Mujer, ya que la Audiencia de Sevilla se opone.

El objetivo de Sires es que el TC se pronuncie sobre un posible fraude de ley. «Es necesario que este Alto Tribunal aclare si el derecho a la tutela judicial efectiva se ve afectado por estas situaciones de utilización torticera de la Ley Trans».

«Queremos que el recurso de amparo en primer lugar sea admitido, y, después, le dé la razón a la víctima, sería un logro para ella y abriría camino para el resto de las víctimas que han sufrido la misma situación», apunta Sires. De ser así, «se crearía una doctrina única en España, porque nunca un tribunal ha declarado sobre si personas como Cándido están utilizando la Ley Trans para bordear la ley de Violencia de Género e incurrir en fraude de ley».