Las viviendas turísticas en Andalucía deberán cumplir unos estándares de calidad

El aumento de pisos turísticos exigía una regulación. Según los datos del Gobierno andaluz, existen censadas 116.000 viviendas de uso turístico en toda la comunidad autónoma, lo que obligaba a poner unas normas básicas que, por un lado, respetara la competencia con los establecimientos hoteleros y, por otro, tuviera en cuenta a las comunidades de propietarios donde se ubican este tipo de inmuebles. Tras un largo proceso «participativo», el Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto que entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), aunque se fija un plazo de un año para que los apartamentos de su turístico implanten las nuevas condiciones de habitabilidad y requisitos de confort establecidos en la norma.

Este último aspecto es uno de los más destacados de la nueva norma, que establece determinados estándares de calidad que deben cumplir estos alojamientos. El detalle es máximo. El último borrador del texto exigía, entre otras cosas, «contar con televisor e información de canales y tomas de corriente en todas las estancias»; «cocina provista de un mínimo de dos fuegos, horno o microondas y frigorífico, así como utensilios adecuados a la capacidad de alojamiento»; «pequeños electrodomésticos (al menos batidora, tostadora o grill, exprimidor y cafetera)»; «jabón de mano, gel, champú, una toalla de mano por persona, una toalla de baño por persona, suelos antideslizantes en duchas y bañeras, alfombra de baño»; «Ropa de cama, lencería, mantas o nórdicos y almohadas bien conservados»; «las camas deberán medir al menos 80x190 centímetros si es individual y 135x190 centímetros si es doble»; «Botiquín de primeros auxilios, así como la instalación de algún tipo de detectores de humo en zona próxima a la cocina y un extintor»; y «los dormitorios y salones tendrán ventilación directa al exterior o a patios ventilados y algún sistema de oscurecimiento de las ventanas».

Junto a estas especificaciones que tendrán que cumplir, el nuevo decreto sobre viviendas de uso turístico (VUT), establecimientos de apartamentos turísticos y hoteleros en la comunidad, introduce como principal novedad que los ayuntamientos podrán limitar el número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona «por razón imperiosa de interés general». En este sentido, algunos ayuntamientos, como es el caso del de Sevilla, ya ha anunciado que la semana que viene dará los pasos necesarios para limitar los pisos turísticos en zonas de la ciudad especialmente tensionadas por este tipo de oferta de alojamiento turístico. Es el caso del Casco Antiguo y barrios como Santa Cruz, donde los propios vecinos han alertado de la presión que este tipo de pisos ejerce en el día a día de los residentes.

El consejero de Turismo, Arturo Bernal, destacó que las modificaciones de este nuevo marco regulatorio han sido «consensuadas con los agentes del sector» y destacó que esta oferta turística ha permitido «desestacionalizar y aumentar la oferta de alojamiento» en algunas zonas pero también ha generado «tensiones en algunas ciudades grandes».

Las modificaciones contempladas en el decreto respetan el criterio marcado por el Tribunal Supremo para habilitar a los ayuntamientos a «establecer, en su caso, las limitaciones oportunas a la ubicación de este tipo de actividad en el ejercicio de sus competencias urbanísticas» siempre teniendo en cuenta el «interés general» por criterios de «imperiosa necesidad» al tratarse de una regulación del derecho a la libre empresa. Para facilitar su cumplimiento, la Junta comunicará de forma automática a los consistorios el alta de una vivienda en el registro de turismo para que cada municipio pueda comprobar su compatibilidad con la zonificación o el planeamiento urbanístico vigente.

Para el cumplimiento de la normativa que entrará en vigor, la administración autonómica se reserva las competencias en materia de inspección y ya trabajaba en colaboración con el sector turístico y con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) «en una ambiciosa estrategia de medio y largo plazo para automatizar procesos y potenciar las herramientas digitales de inspección y de control» de estas instalaciones, según adelantó el consejero Arturo Bernal.