Zaragoza Vivienda acelera los planes para desalojar un edificio 'okupa' en el que pueden haber menores

El edificio número 76 de la calle Pignatelli en Zaragoza ha vuelto a ser el centro de atención debido a su reokupación y la creciente inseguridad que genera en el barrio de El Gancho. De hecho, la situación ha dado lugar a un cruce de acusaciones entre el equipo de gobierno local y el PSOE.

En marzo de 2023, el Ayuntamiento de Zaragoza adquirió el 100% de la propiedad del edificio con el objetivo de destinarlo a vivienda social, dentro del Plan Especial de Protección y Mejora del área de Zamoray-Pignatelli. Sin embargo, los okupas no abandonaron el inmueble, y las acciones legales para el desalojo no se han materializado. La expropiación final fue de un 22% por el que el Ayuntamiento pagó más de 41.000 euros por su titularidad.

A esto se suma que, según el concejal socialista Horacio Royo, la inactividad del gobierno municipal ha contribuido a agravar el problema, ya que el edificio es un foco de tráfico de drogas, prostitución y amenazas contra los vecinos. “La situación es insostenible, en el pasado ya hubo un incendio ahí, se volvió a ocupar y Serrano aún no ha ordenado que se inicien procedimientos legales para el desalojo”, argumenta Royo.

¿Por qué se ha retrasado el desalojo del edificio?

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, respondió a las críticas asegurando que Zaragoza Vivienda ya trabaja en un borrador para poder iniciar el desalojo del inmueble. Según Serrano, la Policía Local está llevando a cabo un censo de los inquilinos del edificio, ya que se cree que podrían vivir menores en el lugar. Una vez completado este proceso, se procederá con los trámites legales para recuperar la propiedad y expulsar a los okupas.

El retraso en la ejecución del desalojo ha causado frustración entre los vecinos y representantes locales, quienes reclaman una acción más rápida para poner fin a la inseguridad en la zona. Además, la polémica se ha visto avivada por la reciente Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que, según Serrano, ha dificultado el desalojo de inmuebles okupados.

A pesar de las acusaciones de inacción, el gobierno municipal asegura que los trámites avanzan y que la cesión del edificio a Zaragoza Vivienda permitirá una intervención eficaz. El objetivo es iniciar procedimientos judiciales para el desalojo y, a la vez, analizar la situación de los okupas para ofrecer soluciones a través de los servicios sociales en los casos que lo requieran.