Asia

Duterte sobre posible caso en la CPI: “Deben estar locos”

El presidente de Filipinas dijo estar dispuesto a afrontar cualquier posible cargo en una corte local por los miles de muertos de su campaña antidroga, pero nunca ante la Corte Penal Internacional

In this photo provided by the Malacanang Presidential Photographers Division, Philippine President Rodrigo Duterte gestures as he meets members of the Inter-Agency Task Force on the Emerging Infectious Diseases at the Malacanang presidential palace in Manila, Philippines, Monday, June 21, 2021. The Philippine president has threatened to order the arrest of Filipinos who refuse COVID-19 vaccination and told them to leave the country for hard-hit countries like India and the United States if they would not cooperate with massive efforts to end the pandemic. (Simeon Celi/Malacanang Presidential Photographers Division via AP)
In this photo provided by the Malacanang Presidential Photographers Division, Philippine President Rodrigo Duterte gestures as he meets members of the Inter-Agency Task Force on the Emerging Infectious Diseases at the Malacanang presidential palace in Manila, Philippines, Monday, June 21, 2021. The Philippine president has threatened to order the arrest of Filipinos who refuse COVID-19 vaccination and told them to leave the country for hard-hit countries like India and the United States if they would not cooperate with massive efforts to end the pandemic. (Simeon Celi/Malacanang Presidential Photographers Division via AP)Simeon CeliAgencia AP

(AP). El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo estar dispuesto a afrontar cualquier posible cargo en una corte local por los miles de muertos de su campaña antidroga, pero nunca ante la Corte Penal Internacional, a la que ha ridiculizado de forma reiterada.

Una pesquisa preliminar encontró motivos para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad en la campaña de drogas de Duterte entre el 1 de julio de 2016 y el 16 de marzo de 2019, según dijo la semana pasada la fiscal jefe saliente de la CPI. La fiscal dijo haber pedido autorización para abrir una investigación formal, y señaló que los jueces de la corte tenían 120 días para pronunciarse.

Las fechas cubren el periodo desde que Duterte inició su campaña policial tras obtener un mandato presidencial de seis años y hasta el momento en el que retiró a Filipinas de la corte.

“¿Por qué iba a defenderme o afrontar una acusación ante gente blanca? Deben de estar ustedes locos”, dijo Duterte el lunes por la noche, en su primera reacción pública a la perspectiva de que la CPI investigue su letal campaña.

El mandatario se burló de la CPI y dijo que él nunca recibiría un trato justo de la corte, aunque añadió: “Me enfrentaría al momento a un tribunal, acusado ante una corte filipina, ante un juez filipino”.

Los 18 jueces de la CPI proceden de distintos lugares del mundo, con magistrados de Asia, África, Europa, Sudamérica y Norteamérica.

Más de 6.000 sospechosos de delitos de drogas, la mayoría pobres, han muerto en la campaña antidroga, según los datos del gobierno, aunque grupos de derechos humanos dicen que la cifra de muertos es considerablemente mayor y debe incluir muchos asesinatos sin resolver cometidos por hombres armados montados en motocicletas, que podrían haber sido enviados por la policía.

Duterte ha negado que autorice ejecuciones extrajudiciales de sospechosos de delitos de drogas, aunque en declaraciones públicas ha amenazado de muerte a los sospechosos y ordenado a la policía que dispare a los sospechosos que se resistan a las detenciones de forma peligrosa.

“Los matamos porque contraatacan”, dijo el lunes.

Duterte dijo que lo traficantes eran una amenaza para la sobrevivencia nacional que había que combatir para evitar que Filipinas terminara como México, un país que describió como “casi un estado fallido” donde los cárteles de la droga pueden elegir a los candidatos en elecciones locales.

“Por eso quiero abofetear a los jueces de allá. Son ustedes tontos”, dijo Duterte. “Quieren que mi país se vaya a la ruina”.

Pese a la enorme campaña de su gobierno contra las drogas ilegales, el mandatario admitió que las drogas siguen siendo un gran problema. Durante su campaña presidencial prometió erradicar el problema en un periodo de entre tres y seis meses, aunque tras asumir el cargo dijo que había subestimado la dimensión del problema.

Duterte retiró a Filipinas de la CPI en 2019, una decisión que sus críticos describieron como un intento de eludir responsabilidades. La fiscal de la CPI señaló que la institución aún tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos cuando Filipinas aún era miembro de la corte.