"Ibiza está enfocada a drogadictos y delincuentes": alquila su casa y se la destrozan

En Ibiza, la temporada turística deja cada año una estela de contrastes. Detrás del brillo de las discotecas y del lujo veraniego se esconde una realidad cada vez más alarmante: la proliferación de fiestas ilegales en villas privadas.

Lo que comenzó como una forma de ocio exclusivo se ha convertido en un auténtico problema de seguridad, convivencia y legalidad que golpea directamente a los propietarios locales.

Uno de ellos, un residente del municipio de Sant Josep, ha vivido en dos ocasiones la misma pesadilla. Tras alquilar su vivienda a supuestos turistas con toda la documentación en regla, descubrió que había sido utilizada para una macrofiesta clandestina que terminó con la casa destrozada y pérdidas superiores a los 15.000 euros.

Este año, la historia se ha repetido casi con idéntico guion: coches entrando y saliendo, música a todo volumen, consumo de drogas y un desalojo forzoso que tuvo que llevarse a cabo con seguridad privada.

Indefensión total de los propietarios

El propietario denuncia la indefensión total que sufren los arrendadores ante este tipo de situaciones. Según relata, ni la Policía Local ni la Guardia Civil pudieron intervenir con eficacia al tratarse de una vivienda con contrato de alquiler vigente.

Las fuerzas de seguridad, en muchos casos, se topan con límites legales que impiden entrar en domicilios privados, incluso cuando se sospecha que dentro se está celebrando una fiesta ilegal o cometiendo un delito.

El fenómeno se ha extendido por toda la isla y ya afecta a numerosos particulares que alquilan sus viviendas a través de plataformas digitales. Algunos de estos inmuebles terminan siendo utilizados por mafias organizadas que gestionan eventos privados a través de redes sociales o grupos de Telegram, donde venden entradas por decenas de euros, ofrecen bebidas, drogas y hasta servicios complementarios como masajes o tatuajes.

Se trata de una estructura paralela al ocio legal, que elude impuestos, ignora la normativa turística y pone en riesgo tanto la seguridad de los asistentes como la de los vecinos.

Amenazas de los inquilinos

El problema no se limita al daño económico. Muchos propietarios viven con miedo a posibles ocupaciones o represalias tras denunciar los hechos. En el caso de este vecino de Sant Josep, los inquilinos incluso llegaron a amenazar con quedarse de okupas al ser advertidos de su desalojo. La tensión fue tal que la expulsión tuvo que hacerse por la fuerza, con la intervención de profesionales de seguridad privada.

Este tipo de episodios han reavivado el debate sobre la falta de control institucional. Los afectados acusan al Consell Insular, a los ayuntamientos y a las fuerzas de seguridad de actuar con pasividad frente a un fenómeno que se repite cada verano y que perjudica tanto a los residentes como a la imagen turística de Ibiza.

Abandono y frustración

La sensación generalizada entre muchos propietarios es de abandono y frustración. Sostienen que la isla, antaño símbolo de libertad y disfrute, se ha convertido en un lugar “enfocado a delincuentes y drogadictos”, donde la economía ilegal campa a sus anchas.

Algunos, como este afectado, ya han decidido no volver a alquilar sus casas. Otros, simplemente, viven con el temor constante de ser los siguientes en sufrir el impacto de una fiesta ilegal que arrasa con todo: mobiliario, tranquilidad y confianza en las instituciones.