Canarias exige aplicar el decreto de menores y afea la financiación

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, reclamó este martes, 26 de agosto de 2025, la aplicación inmediata y homogénea del decreto estatal que fija la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes. La responsable canaria celebró que la norma “viene bien” a todas las comunidades, pero puso en evidencia al Gobierno de España por no blindar una financiación estable y suficiente: “Muchas autonomías dicen que no alcanza para atender a los niños durante un tiempo largo, solo durante unos meses”, advirtió.

Delgado apoyó el marco común y recordó que la atención a los menores migrantes es una “cuestión de Estado” que involucra a todas las comunidades y al Ejecutivo central. Sin embargo, subrayó la debilidad del componente económico, ya quela financiación asociada al reparto “no es suficiente” y deberá discutirse con Madrid, pese a que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, defendió en el Congreso que sería “suficiente”.

La consejera instó a actualizar las cantidades año a año y a cubrir los costes hasta la mayoría de edad del menor. “Si no está puesto ahora, se tiene que poner a la mayor brevedad posible”, remarcó. El mensaje deja en mal lugar al Ejecutivo central, que aprueba reglas sin asegurar los recursos que las hacen viables en el tiempo.

Contingencia sobre el reparto

El decreto pone “blanco sobre negro” el número de menores y las plazas que debe habilitar cada autonomía “sí o sí”, incluyendo futuras llegadas. Si se declara contingencia migratoria -cuando se supera tres veces la capacidad-, los menores deberán distribuirse entre el resto de comunidades.

El caso canario ilustra el desbordamiento; con 737 plazas ordinarias, el archipiélago atiende a algo más de 5.000 menores. Una fotografía que el Gobierno de España conoce y frente a la que no concreta aún un sostén financiero acorde a la magnitud del reto.

La presión se mueve

Delgado señaló que la presión migratoria se ha incrementado en Baleares y advirtió de que lo mismo puede suceder en otros territorios fronterizos peninsulares. La lectura es clara, ya que no es un problema exclusivo de Canarias, y "el Gobierno central no puede seguir actuando por impulso o dando por buenas soluciones temporales".

Por último, la consejera agradeció la predisposición de País Vasco y Cataluña para ofrecer plazas aunque inicialmente no figuren en el reparto. Ese gesto contrasta con la lentitud del Gobierno de España en cerrar la financiación y despejar dudas mientras penden recursos ante el Tribunal Supremo. Aun así, Delgado descartó “en principio” problemas para ejecutar el decreto e instó a no dejar la norma en “stand-by” por falta de medios. “Canarias abrió centros de la noche a la mañana” cuando llegaban 100 menores al día; otras autonomías pueden habilitar centros de emergencia como ya han hecho Canarias, Ceuta o Baleares.