Clavijo exige una quita de deuda “igual para todos” y acelera el ‘decreto canario’ para blindar derechos

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aprovechó los actos de la Virgen del Pino para fijar una posición inequívoca ante la propuesta de condonación de deuda autonómica del Ejecutivo central. “Se me queda cara de bobo si la condonación no es igual para todos los españoles”, afirmó, al denunciar que el diseño planteado permitiría a un catalán o a un andaluz beneficiarse de casi mil euros más por cabeza que un canario.

Clavijo defendió que Canarias“ha hecho la tarea” durante la crisis financiera y que evitó compromisos por encima de sus capacidades, un esfuerzo que, recordó, se tradujo en sacrificios palpables para la ciudadanía. Por eso le resulta inaceptable que se penalice a quien contuvo su endeudamiento y que el Archipiélago tenga que asumir pasivos ajenos cuando aún aspira a reforzar servicios básicos como la sanidad o la educación. “La deuda no desaparece, se distribuye entre todos, y no es justo que el endeudamiento de otros territorios termine repercutiendo en los canarios”, insistió.

El presidente pidió al PSOE que rectifique el reparto durante la tramitación en el Congreso y apeló directamente al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para que contribuya a corregir lo que considera un agravio y garantice un trato homogéneo en toda España. El mensaje, lanzó, no va contra nadie, sino en favor de una regla simple: "Si la condonación es para todos, debe medirse con el mismo rasero", aseveró el nacionalista.

En paralelo, Clavijo explicó que su Gobierno trabaja “sin prisa pero sin pausa” en el llamado ‘decreto canario’, con la intención de tenerlo listo antes de fin de año y llevarlo a las Cortes con el mayor respaldo posible. La idea es blindar derechos y dar consistencia jurídica a demandas que el Archipiélago considera irrenunciables, entre ellas un descuento del 60% en el IRPF para residentes en La Palma, una financiación estable de 100 millones anuales para la reconstrucción de la isla, la prórroga del convenio de carreteras y la garantía de planes de infraestructuras educativas y de empleo. Para llegar a Madrid con fuerza, el Ejecutivo busca un posicionamiento común de agentes sociales, patronales, sindicatos, tercer sector y fuerzas políticas isleñas, replicando el patrón de consenso que permitió encauzar el decreto sobre menores migrantes.

El contexto en la capital no es sencillo. La ausencia de Presupuestos y la fragilidad de la mayoría parlamentaria han encallado asuntos que se acumulan a mitad de legislatura. Aun así, Clavijo sostiene que, si PSOE y PP suscribieron la llamada agenda canaria, no debería existir un obstáculo insalvable para avanzar. Su calendario es claro, y es cerrar apoyos en las próximas semanas y aterrizar en el Congreso con un texto que obligue a la política estatal a mirar a Canarias a la cara, sin parches ni excepciones.