CC insta al PP a cumplir con su responsabilidad en el reparto de menores migrantes

Coalición Canaria (CC) ha instado al Partido Popular (PP), su aliado en el Gobierno regional, a que "esté a la altura de las circunstancias" en la próxima negociación del decreto ley que definirá el reparto de la acogida de menores migrantes, cuando el proyecto llegue al Congreso de los Diputados. La formación nacionalista subraya la importancia de una postura responsable y solidaria frente a esta cuestión, que sigue siendo un tema prioritario en la agenda política del archipiélago

Este martes, el presidente de Canarias y secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, convocó en Las Palmas de Gran Canaria a todos los grupos políticos del Parlamento autonómico que respaldan el Pacto por la Inmigración, con la excepción de Vox, para ponerles al tanto de los avances en las negociaciones con el ministro Ángel Víctor Torres.El objetivo es impulsar un traslado puntual y extraordinario de 4.000 de los casi 6.000 menores migrantes actualmente acogidos en las islas, hacia otras comunidades autónomas, en un esfuerzo por aliviar la presión sobre los recursos regionales.

El portavoz parlamentario de CC, José Miguel Barragán, ha hecho un llamado a la responsabilidad de su socio en el Gobierno de Canarias, subrayando la importancia de que la actual negociación política "dé resultados concretos" y destacando que, aunque se está tratando con partidos que apoyan al Gobierno de Pedro Sánchez, como Junts, no se debe perder de vista que en Canarias gobierna el PP.

Durante la reunión, Fernando Clavijo logró el respaldo unánime de todos los partidos del Pacto por la Inmigración a su enfoque en las negociaciones. Sin embargo, el Partido Popular ha señalado que se ha regresado "al minuto 1", debido a lo que consideran una actitud intransigente del Gobierno de Pedro Sánchez.

La portavoz del Partido Popular en la Cámara regional, Luz Reverón, ha afirmado que las negociaciones no están avanzando debido a que el Gobierno de España aún no ha aceptado sus tres exigencias fundamentales. Reverón subraya que el reparto de los menores debe implicar a todas las comunidades autónomas "sin excepción"; que el Estado debe garantizar "financiación suficiente" para que las autonomías puedan asumir dicha responsabilidad; y que se debe solicitar el despliegue en Canarias de Frontex, la Agencia Europea de Fronteras y Costas, para reforzar la seguridad y el control en las islas.

Reverón también ha criticado al Gobierno por, a su juicio, no estar controlando adecuadamente la frontera marítima, una situación en la que, según afirma, "está muriendo muchísima gente". Además, ha expresado su desconfianza respecto a la solicitud de apoyo pleno de Frontex, la agencia comunitaria que ya tiene presencia en todos los puertos canarios donde Salvamento Marítimo realiza sus operaciones de rescate.

PSOE y NC-Bc creen que el PP volverá a votar en contra

Por su parte, el PSOE y Nueva Canarias no dudan de que los populares volverán a votar en contra, tal como hicieron en julio con la reforma de la Ley de Extranjería, anticipando un nuevo desencuentro político en este asunto. Para los representantes de ambas formaciones, Sebastián Franquis y Luis Campos, respectivamente, el PP se limita a presentar "excusas", ya que consideran que su rechazo al acuerdo se debe a motivos ajenos a la situación de Canarias.

Franquis no tiene dudas de que el PP volverá a rechazar el acuerdo. "Yo en Canarias niego en nombre de los 120 diputados que tiene el PSOE en el Congreso. ¿Puede decir lo mismo el PP? Si lo que está ocurriendo en Canarias sucediera en Madrid, Valencia o Andalucía, ¿alguien cree que el PP votaría en contra en el Congreso?", se cuestionó el socialista.

En cuanto a Luis Campos, destacó que la cuestión de la saturación de los recursos de acogida en Canarias lleva más de un año sobre la mesa, y que este es "el enésimo intento" de encontrar una solución. Nueva Canarias, añadió, "participará en cuantas iniciativas sean necesarias", pero anticipó que el PP no solo continuará oponiéndose, sino que, en caso de que el decreto ley se apruebe, recurrirá su implementación ante el Tribunal Constitucional a través de las comunidades donde tiene representación.