Investigan al propietario de una avioneta en Canarias por volar con la matrícula cancelada desde 2020

El equipo PEGASO de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, junto con la Sección Fiscal y de Fronteras del Aeropuerto de Gran Canaria, ha investigado al propietario de una avioneta que realizó numerosos vuelos entre el archipiélago, la península ibérica y África sin contar con un certificado de matriculación válido, ya que este había sido cancelado desde 2020.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, esta situación, que representa un grave riesgo para la seguridad del espacio aéreo, llevó a las autoridades a ordenar la inmovilización inmediata de la aeronave. Sin embargo, en un intento desesperado por evitar las repercusiones de sus acciones, el propietario presentó documentos falsificados.

Las sospechas surgieron hace un par de meses, cuando se tuvo conocimiento de que una avioneta estaba llevando a cabo vuelos irregulares. Esto llevó a realizar una inspección exhaustiva, tanto de la documentación como de la propia aeronave.

Durante la revisión, se confirmó que la avioneta había efectuado diversos trayectos entre Canarias, la península ibérica y África, a pesar de que su matrícula había sido cancelada desde julio de 2020.

Además, la aeronave carecía de un Certificado de Aeronavegabilidad vigente y presentaba una ausencia total de mantenimiento aeromecánico, junto con otros incumplimientos de la normativa aplicable.

Tras las investigaciones, los agentes concluyeron, entre otras posibilidades, que el verdadero objetivo del propietario era trasladar la aeronave fuera del país con la intención de venderla en algún lugar del continente africano.

Debido a estas graves infracciones a la normativa y en respuesta a la solicitud de colaboración de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para interceptarla, se tomó la medida extraordinaria de inmovilizar la aeronave.

La resolución del caso ha contado con la colaboración clave de AESA, ENAIRE y el gestor del aeródromo. Estas entidades no solo brindaron asesoramiento, sino que también verificaron con las autoridades de Malí que la documentación presentada por el propietario de la aeronave no figuraba en los registros oficiales de la Aviación Civil de dicho país, lo que llevó a presumir que se trataba de documentos falsificados.

Como resultado, se llevaron a cabo las diligencias correspondientes, imputando al propietario un delito de falsificación de documento público. Estas diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Telde, quedando la aeronave precintada y bajo disposición de AESA.