Un agente encubierto pilló a los “hackers” que filtraron datos de Pedro Sánchez y varios ministros

La Audiencia Nacional ha dejado en libertad provisional a los dos jóvenes detenidos por la filtración de datos personales y privados de Pedro Sánchez, varios de sus ministros, otros dirigentes políticos e, incluso, de periodistas, después de que pasasen a disposición judicial este jueves, según confirman solventes fuentes jurídicas a LA RAZÓN.

El magistrado Francisco de Jorge les ha impuesto como medidas cautelares la retirada del pasaporte para evitar que abandone el país y la obligación de comparecer periódicamente sede judicial.

Se trata de dos chicos, de 18 y 19 años, a los que la Policía Nacional arrestó este pasado martes en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria acusados de un delito de ciberterrorismo y de actuar contra las altas instituciones del Estado por haber difundido en un canal de Telegram los domicilios privados, teléfonos, números de DNI y direcciones de correo electrónicos de decenas de personajes públicos y algún miembro del Gobierno.

Las pesquisas policiales les atribuyen a ambos ser las personas detrás del grupo de hackers Akkaspace, que habría atacado y robado datos de los servidores de la Dirección General de Tráfico (DGT), el Punto Neutro Judicial y la Agencia Tributaria.

Pese a que se daba por hecho que su destino sería la prisión provisional, finalmente los dos investigado han decidido declarar y han contestado a todas las preguntas que les han formulado el juez y el fiscal. Lo que ha llevado al Ministerio Público a no reclamar el encarcelamiento preventivo de alguno de los dos.

Uno de los presuntos hackers, el de más edad, al que representa el abogado Juango Ospina, ha reconocido que recibió un pago de un agente encubierto -que fue lo que ha llevado a su detención- y, después, él le dio acceso a los datos de los políticos.

Sin embargo, ha negado que él y su compañero estuviesen detrás de los ataques informáticos a las páginas webs de los citados organismo estatales, apoyándose en que no tienen los suficientes conocimientos tecnológicos para haber sido capaces de llevarlo a cabo.

Además, apuntó a que la cuenta de Telegram desde la que se compartió esta información sensible (Filtraciones Spain) estaba administrada también por terceras personas. Ahora, la investigación seguirá su curso bajo secreto de sumario y no se descarta que próximamente se produzcan más detenciones.

Lo que coincide con la información que adelantó LA RAZÓN de que las fuerzas policiales tienen en el punto de mira a otros jóvenes por robar y publicar información personal de políticos y periodistas.

Durante las entradas y registros en los domicilios de los ya imputados, la Policía se ha incautado de varios móviles y ordenadores, cuyo contenido procederán a volcar.

Entre los afectados por la filtración figuran, además del jefe del Ejecutivo, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior), Óscar Puente (Transportes), Luis Planas (Agricultura), Diana Morant (Ciencia), Ana Redondo (Igualdad) y Elma Saiz (Seguridad Social).

Así como antiguas caras del PP como María Dolores de Cospedal o Rafael Catalá, o autoridades como la presidenta del Congreso, Francina Armengol o el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, sin dejar fuera hasta a implicados en el "caso Koldo".