¿Vas a alquilar un coche en Canarias? Cuidado con esta práctica que te podría costar 4.000 euros de multa

Las vacaciones de verano están cerca y son muchos los ciudadanos que pasarán algunos días en Canarias. Si la idea será moverte por el Archipiélago en vehículo privado debes de tener en cuenta que en las últimas semanas el Cabildo de Lanzarote ha tramitado un total de 60 actas de infracción por ofertas ilegales de alquiler de vehículos sin conductor, las cuales se han realizado o promovido sin cumplir con los requisitos legales establecidos en la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.

Según informó la corporación insular este lunes, el incremento en las sanciones es el resultado de una intensificación de los operativos de inspección y control, en los que se ha contado con la colaboración de las Policías Locales de los municipios de la isla y la Guardia Civil de Tráfico. El objetivo principal de estas acciones es garantizar un entorno de competencia leal, proteger a los consumidores y reforzar la legalidad en el sector del transporte.

La normativa vigente considera estas prácticas como infracciones graves o muy graves, con sanciones económicas que pueden oscilar entre los 801 y los 4.001 euros, dependiendo de la magnitud de la infracción.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha subrayado la firme postura de la institución, asegurando que no se permitirá que se ponga en riesgo la legalidad ni la seguridad de los residentes y turistas de la isla. “Las empresas que operan de manera legal merecen un entorno justo para su desarrollo y la protección de los usuarios”, indicó Betancort.

Por su parte, la Asociación de Rent a Car de Lanzarote ha alertado al Cabildo sobre el impacto negativo que las ofertas ilegales de alquiler de vehículos, muchas de ellas canalizadas a través de plataformas digitales, están teniendo en las empresas que cumplen con la normativa. En este sentido, el consejero insular de Transporte y Movilidad, Miguel Ángel Jiménez, destacó que las denuncias recibidas de la asociación han sido atendidas “con celeridad”.

Jiménez también explicó que esta “ofensiva inspectora” responde a la legítima preocupación del sector ante el intrusismo, que no solo representa una competencia desleal, sino que también pone en peligro la seguridad de los usuarios al no garantizar las condiciones mínimas de seguridad ni la cobertura legal necesaria para operar de manera adecuada.