Desarticulan la red más importante contra la piratería audiovisual en Castilla y León

La Policía Nacional acaba de desmantelar la mayor red contra la piratería audivovisual que operaba en Castilla y León y que suministraba ilegalmente servicios audiovisuales y de televisión a al menos a 15.000 usuarios de toda España. De momento hay siete personas detenidas, sus dos principales integrantes en las ciudades de Zamora y Salamanca, uno en la ciudad de Córdoba, tres en la provincia de Valencia (Puerto de Sagunto y Oliva) y el último en la provincia de Málaga (Benalmádena) como presuntos autores de delitos contra la propiedad intelectual, defraudación de las telecomunicaciones y usurpación del estado civil.

Una investigación que se iniciaba en mayo del 2019, tras recibir una denuncia presentada en la Comisaría Provincial de Valladolid. Después de diversas gestiones se pudo determinar la existencia de un grupo que distribuía ilegalmente contenidos audiovisuales y de televisión, principalmente mediante el método denominado IPTV, a través de grupos cerrados en redes sociales.

El avance de las investigaciones permitía localizar en las ciudades de Salamanca y Zamora, a sus dos principales integrantes. El investigado en Salamanca administraba una página web que utilizaba para publicitar sus servicios ilegales y el segundo, desde su centro de operaciones radicado en Zamora, lideraba un grupo cerrado en una aplicación de mensajería. Posteriormente se logró identificar al resto de integrante.

Los agentes policiales lograron intervenir numerosos efectos entre los que destacan siete lingotes de oro de 20 gramos cada uno, casi 11.000 euros en efectivo, numeroso material informático y teléfonos móviles, y documentación acreditativa de los delitos investigados.

A lo largo de los seis registros domiciliarios practicados en los domicilios de los investigados, se desconectaron a un total de 5.673 usuarios, se cerró su página web, se bloquearon diversas cuentas de pago por internet y otras plataformas de banca online que les servía para canalizar sus beneficios.

Sólo el perjuicio patrimonial ocasionado en el último año a los titulares de los derechos asciende a la cantidad de unos 11.830.000 euros, habiéndose dejado de recaudar por la Hacienda Pública española unos 3.144.000 euros, con el consiguiente perjuicio para la sociedad en su conjunto, según señala un comunicado enviado por la Delegación del Gobierno de Castilla y León