Rehabilitación de viviendas públicas abandonadas para revitalizar los pueblos de Soria

Acuerdo entre la Diputación y la Junta para recuperar y poner en servicio ocho inmuebles en los próximos tres años que se destinarán al alquiler social

La rehabilitación de viviendas en el medio rural es una de las apuestas del Gobierno autonómico para ayudar a los pequeños municipios a generar actividad, poner en valor su patrimonio abandonado y poder fijar población a través del alquiler social y, de paso, conseguir que la Comunidadaumente su parque público de viviendas para tal fin. A través del Programa Rehabitare de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la Junta busca también el compromiso de las entidades locales para que se adhieran al mismo y puedan de esta forma cofinanciar actuaciones que den un impulso al desarrollo del medio rural.

Y la Diputación de Soria ha decido sumarse a este programa y en la Junta de Gobierno celebrada este martes han aprobado el convenio de colaboración con el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones para recuperar viviendas en el medio rural soriano y alquilarlas después a unos precios asequibles para los bolsillos de las familias más necesitadas. El convenio abarca un periodo de tres años, de 2021 a 2023, donde la institución provincial aportará 208.000 euros, la misma cantidad que aporta la consejería, sumando un total de 416.000 euros. De tal forma que la rehabilitación se financia a partes iguales.

A lo largo del convenio se podrán recuperar y poner en servicio un total de ocho viviendas que deberán ser destinadas a alquiler social de manera que se consiga optimizar los recursos municipales, restaurar inmuebles válidos patrimonialmente, revitalizar espacios tradicionales del entramado urbano municipal y fijar población en el medio rural, según informan fuentes de la institución provincial soriana que preside Benito Serrano.

El convenio recoge las bases para la selección de las actuaciones a incluir en el programa ‘Rehabitare’, donde el inmueble deberá ser de titularidad municipal, ostentando el ayuntamiento el pleno dominio, libre de cargas y gravámenes de cualquier clase y estar debidamente inscrito en el registro de la propiedad.

Los municipios rurales deberán tener una población inferior a los 5.000 habitantes y deberán justificar la existencia de demanda de viviendas en alquiler a través del registro público de demandantes de viviendas de protección pública de Castilla y León.

El coste total de la rehabilitación no podrá exceder de 40.000 euros para la obra y de 3.000 euros más para los honorarios de los facultativos, por lo que cada actuación tendrá un tope máximo de inversión de 52.030 euros.