Rehabilitación de viviendas públicas abandonadas para revitalizar los pueblos de Soria

La rehabilitación de viviendas en el medio rural es una de las apuestas del Gobierno autonómico para ayudar a los pequeños municipios a generar actividad, poner en valor su patrimonio abandonado y poder fijar población a través del alquiler social y, de paso, conseguir que la Comunidadaumente su parque público de viviendas para tal fin. A través del Programa Rehabitare de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la Junta busca también el compromiso de las entidades locales para que se adhieran al mismo y puedan de esta forma cofinanciar actuaciones que den un impulso al desarrollo del medio rural.

Y la Diputación de Soria ha decido sumarse a este programa y en la Junta de Gobierno celebrada este martes han aprobado el convenio de colaboración con el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones para recuperar viviendas en el medio rural soriano y alquilarlas después a unos precios asequibles para los bolsillos de las familias más necesitadas. El convenio abarca un periodo de tres años, de 2021 a 2023, donde la institución provincial aportará 208.000 euros, la misma cantidad que aporta la consejería, sumando un total de 416.000 euros. De tal forma que la rehabilitación se financia a partes iguales.

A lo largo del convenio se podrán recuperar y poner en servicio un total de ocho viviendas que deberán ser destinadas a alquiler social de manera que se consiga optimizar los recursos municipales, restaurar inmuebles válidos patrimonialmente, revitalizar espacios tradicionales del entramado urbano municipal y fijar población en el medio rural, según informan fuentes de la institución provincial soriana que preside Benito Serrano.

El convenio recoge las bases para la selección de las actuaciones a incluir en el programa ‘Rehabitare’, donde el inmueble deberá ser de titularidad municipal, ostentando el ayuntamiento el pleno dominio, libre de cargas y gravámenes de cualquier clase y estar debidamente inscrito en el registro de la propiedad.

Los municipios rurales deberán tener una población inferior a los 5.000 habitantes y deberán justificar la existencia de demanda de viviendas en alquiler a través del registro público de demandantes de viviendas de protección pública de Castilla y León.

El coste total de la rehabilitación no podrá exceder de 40.000 euros para la obra y de 3.000 euros más para los honorarios de los facultativos, por lo que cada actuación tendrá un tope máximo de inversión de 52.030 euros.