Alicia García: “El vicepresidente Iglesias no puede estar ni un minuto más dirigiendo las políticas de las personas más vulnerables”

Sin pelos en la lengua. “El vicepresidente Iglesias no puede estar ni un minuto más dirigiendo las políticas de las personas más vulnerables”. Así se refirió la portavoz de Servicios Sociales del Grupo Parlamentario Popular (GPP), la abulense Alicia García, sobre la petición de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo de investigarlo “por los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos”. Por este motivo, la dirigente del PP pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese de inmediato a Iglesias".

Asimismo, defendió una iniciativa del Grupo Popular para impulsar medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión como consecuencia de la crisis del coronavirus, y así evitar que la “vulnerabilidad económica se convierta en vulnerabilidad social”.

“El PP va a luchar sin cuartel contra la desigualdad”, añadió Alicia García, quien señaló que “la pobreza se combate generando empleo y con confianza”. Por este motivo, denunció que “la familia y la clase media están trituradas porque se han visto sin nada de un día para otro”, por lo que exigió al Gobierno de España que dé respuesta urgente a sus necesidades más básicas “garantizando los suministros esenciales del agua, la luz y el gas”.

La diputada abulense, que se ha convertido en la principal defensora en el Congreso de las familias más vulnerables, afirmó que se están produciendo “daños estructurales muy grandes debido a la mala gestión económica y sanitaria por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez”, que se está traduciendo en “más desigualdad, más pobreza y más paro, generando nuevas situaciones de pobreza”.

Por ello, reclamó al Gobierno central que los ministros “dejen de pelearse” y pongan, como hace el PP, “en el centro de sus políticas a las personas y su dignidad”. Al respecto, Alicia García alertó de que “el Ingreso Mínimo Vital (IMV) está atascado, ya que el 90 por ciento de las solicitudes está sin atender” y adviertió de que este instrumento no erradicará la pobreza.

Por último, la portavoz de Servicios Sociales del GPP al exigió Gobierno que ayude a las Comunidades Autónomas, corporaciones locales y Tercer Sector para apoyar a los más vulnerables y denunció que “han quedado fuera del fondo Covid-19 los 1.000 millones de euros para políticas sociales que comprometieron y excluyeron”.