El Consejo Consultivo reconoce el papel tradicional de la caza y su notable relevancia cultural, deportiva y social

El Pleno del Consejo Consultivo de Castilla y León ha dictaminado hoy el anteproyecto de ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León que tiene por objeto la gestión sostenible de los recursos cinegéticos mediante la práctica de la caza o mediante el control poblacional de las especies cinegéticas, con el fin de proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente dichos recursos, de forma compatible con la conservación del patrimonio natural de la Comunidad y fomentando el desarrollo rural.

La nueva normativa, que hace especial hincapié en que su finalidad es la gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León, reconoce el papel tradicional de la caza y su notable relevancia cultural, deportiva, turística y social. Del mismo modo recoge su labor como instrumento del control ordenado de las poblaciones de fauna silvestre y establece novedades para garantizar que se practique de forma sostenible, garantizando la conservación de las especies, contribuyendo al desarrollo de los territorios rurales.

Recordar que es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo en los casos previstos en la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora de la institución, entre los que están los anteproyectos de Ley o, entre otros, los proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes así como sus modificaciones.

El Pleno del Consejo Consultivo está integrado por el presidente, Agustín S. de Vega, los consejeros electivos, María del Valle Ares y Francisco Ramos, y el consejero nato, Juan Vicente Herrera.

Por otro lado, hoy también se ha dictaminado el proyecto de decreto por el que se regulan las condiciones de acceso, la admisión y la matriculación del alumnado en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad y se ha dado el visto bueno a diversos asuntos de responsabilidad patrimonial relacionados con reclamaciones debido a daños y perjuicios derivados de asistencias sanitarias o del mal funcionamiento de servicios públicos.