La Economía sumergida, una responsabilidad compartida

España es uno de los países que siempre ha tenido un alto nivel de economía sumergida. La vivacidad, pillería o picaresca siempre ha sido motivo de “orgullo” o, al menos, de un “orgullo” mal entendido. En el día a día del país se realizan actividades económicas no declaradas, en donde coexiste una economía ilegal junto con una economía informal con actividades que no están prohibidas pero que no se declaran en parte o en su totalidad.

La realidad es que este tipo de actividades parecen muy instauradas en nuestra sociedad, que piensa que, salvando su propio beneficio, no perjudica a nadie más. Sin embargo, la situación no puede estar más desencaminada.

La existencia de un elevado fraude fiscal reduce los ingresos del Estado teniendo en cuenta que nos encontramos, desde hace ya más de una década, con un déficit presupuestario crónico en donde peligran la prestación de servicios en sanidad, educación, pensiones y servicios sociales entre otros, que sustentan el denominado estado del bienestar de los ciudadanos. En este contexto se da una injusticia económica de grandes proporciones ya que las empresas de “orden” obtienen unos productos más caros que las que no pagan impuestos, con clara desventaja a la hora de venderlos surgiendo una competencia desleal; al mismo tiempo, se origina una injusticia social ya que los ciudadanos de “orden” pagan más impuestos de los necesarios para poder sostener el sistema del bienestar del país y del que también se benefician los evasores de impuestos.

Cuantificar la economía sumergida siempre es una tarea complicada ya que no se declara ni es observable pero, según algunas estimaciones, se ha determinado que a España le cuesta 270.000 millones de euros al año, alrededor del 25 por ciento del PIB. Según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) el fraude fiscal supone 91.6000 millones anuales al Estado. Actualmente, el comercio, la hostelería y en menor medida la construcción y el sector inmobiliario son los principales focos de la economía sumergida del país y, más concretamente, las comunidades de Cataluña, Madrid Andalucía y Comunidad Valenciana son las punteras en este ranking, posicionándose Castilla y León en un sexto lugar.

La economía sumergida lleva numerosos problemas de la mano. Uno de ellos, quizás el más complejo es el “blanqueo” del dinero ganado ilícitamente en donde cobran protagonismo los denominados paraísos fiscales, el uso de testaferros, la creación de negocios inexistentes, o el contrabando de arte entre otras muchas cosas. Pero lo realmente preocupante es la actitud de la sociedad española ante esta práctica fraudulenta.

La pregunta: ¿con IVA o sin IVA? Se ha convertido en la pieza angular de muchos oficios y trabajos. Ante ella, debemos educar a los más jóvenes sin ningún tipo de distinción. El país debe conseguir el cambio de mentalidad ante el fraude fiscal, para proyectar nuevas generaciones que valoren realmente los beneficios de pagar impuestos, de tener una seguridad social, garantizar las pensiones del presente y del futuro, de competir de forma íntegra ante otras empresas…

Asimismo, será imprescindible, para conseguir estos objetivos, la colaboración entre administraciones, donde cada autonomía posee una agencia tributaria para trabajar con la AEAT. Las reformas en materia fiscal son claves para prevenir y luchar contra el fraude fiscal, reforzando las medidas contra la economía sumergida. Y, por último, la mejora fundamental de la burocracia existente en la gestión de la administración pública en donde el tiempo invertido, en expedientes y litigios, sobrepasa la lógica temporal a la hora de resolver los casos existentes con muy pocos resultados satisfactorios para el volumen que existe en el panorama nacional.

En estos momentos de reactivación de la economía post Covid es necesario no solo volver a la normalidad anterior, sino que se debe incidir en “poner orden”, tanto en el ámbito económico como en el social, logrando sostener y proyectar el entramado empresarial y del mercado de trabajo, consiguiendo erradicar las actividades ilícitas y aquellas lícitas que no declaran con un control sin precedentes y concienciando a la sociedad de la importancia de “ser legales” a la hora de aportar al Estado el dinero que corresponde para conseguir cubrir las necesidades que la sociedad demanda, y que necesita, para mantener y proteger el Estado del Bienestar.

Si al final se elimina, o bien se reduce considerablemente la economía sumergida, el Estado ingresará más dinero logrando reducir el déficit público (más gastos que ingresos), no tendrá que pedir más dinero prestado incrementando la deuda pública para poder “cubrir” el déficit público, podrá devolver la deuda pública que debemos en la actualidad que asciende a 1,36 billones de euros y que se aproxima al 120 por ciento del PIB. Asimismo, en la medida que se vaya reduciendo la economía sumergida e incrementándose los ingresos del Estado, es del todo necesario que el ciudadano vea como disminuyen sus impuestos al mismo tiempo que se incrementan los servicios públicos.

Pero para lograr todo esto es preciso que los gestores públicos gestionen con eficacia y eficiencia sin sobreactuaciones políticas, al mismo tiempo que se potencie la educación y la concienciación del ciudadano sobre la importancia de la erradicación de la economía sumergida al objeto de preservar un estado del bienestar digno a las futuras generaciones.