Ribera de Duero actualiza su gestión y control con mayores garantías para mercados y consumidores

Ribera de Duero tendrá nuevo Reglamento mañana, con novedades importantes treinta años después de su última modificación tras la adhesión de España a las entonces denominadas Comunidades Europeas. Desde entonces esta norma reguladora, con algunas modificaciones puntuales, ha sido la base del funcionamiento de la Denominación de Origen y de su Consejo Regulador.

Y es que tres décadas después se han producido cambios significativos, no solo desde el punto de vista legal, sino también en aspectos técnicos como el funcionamiento de estas figuras de calidad y, sobre todo, en lo que se refiere a las exigencias actuales en el plano de la seguridad y calidad alimentaria. Todo ello hacía necesario aprobar una nueva normativa para esta Denominación de Origen.

Así, el nuevo texto actualiza el funcionamiento de los registros del Consejo Regulador -de parcelas de viñedo y de bodegas-, lo que permitirá una gestión más eficaz de este importante instrumento de control y una mayor implicación de los operadores mediante la declaración responsable.

También se crea el Área de Certificación del Consejo Regulador, encargado de desarrollar las actividades propias de un organismo de certificación de producto, siendo su ámbito de actuación la certificación de vino de la DO Ribera del Duero. Todo ello conforme a la Norma ISO 17065, una de las cuestiones más determinantes de este nuevo marco normativo para poder llevar a cabo el control y certificación del producto. Esta norma ISO especifica los criterios generales que debe seguir un organismo de certificación de producto para que sea reconocido a nivel nacional, europeo e internacional, como competente, y se acredite la extrema rigurosidad de sus controles.

Con ella, Ribera de Duero, DO creada en 1982, se convertirá en el único organismo certificador bajo esta norma ISO del vino de Ribera del Duero, que adaptará las funciones y estructura del Consejo Regulador para funcionar como tal.

Y se simplifica el sistema de declaraciones para el control, tratando de disminuir en lo posible la excesiva burocratización que sufren las bodegas, aprovechando el régimen de declaraciones obligatorias que ya presentan.

“Con esta nueva reglamentación se pretende una gestión más moderna de la Denominación de Origen, atribuyendo una mayor responsabilidad a los operadores y la implantación de sistemas de control más eficaces y con mayores garantías para los mercados y los consumidores”, destaca el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero.

La modificación de la Ley de la Viña y del Vino de Castilla y León por la Ley Agraria de Castilla y León, así como del Reglamento de las Denominaciones Geográficas de Calidad Alimentaria de Castilla y León, que entró en vigor en enero de 2019, han permitido conformar la nueva normativa de la Comunidad Autónoma en materia de calidad diferenciada, adaptada al marco legal de la Unión Europea, ahora definido por el Reglamento nº 1308/2013 (OCM única).